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El escándalo del reparto de licitaciones de Defensa salpica a los Leopard de Ceuta

Un contrato de modernización de simuladores de carros de combate Leopard en los regimientos de Caballería de Ceuta y Melilla figura entre las licitaciones del Ministerio de Defensa que se repartieron "a través de dos cárteles" cuatro empresas y seis directivos a los que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con 7,1 millones de euros. Este escándalo afecta a casi un centenar de contratos en todo el territorio nacional, valorados en 60 millones de euros en total: 13 acuerdos marcos (AM), sus correspondientes 81 contratos (CBAM), y otros 10 contratos públicos. Estas licitaciones estaban relacionadas con el mantenimiento de vehículos militares (como los Centauro, Leopard, Pizarro, BMR, VEC y RG-31) y material de campamento. En el caso de Ceuta y Melilla, la manipulación de licitaciones salpica a la modernización de simuladores de carro de combate Leopard 2A4 en los regimientos de Caballería, según la resolución de la Sala de la Competencia al que ha tenido acceso este periódico.

Un contrato con un importe de 588.000 euros

Dentro de las licitaciones repartidas entre SDL, COHEMO y JPG se encuentra este contrato para las ciudades autónomas adjudicado en junio de 2020 a la UTE COHEMO-JPG por un importe de 588.000 euros (con un presupuesto base de licitación de 1,2 millones de euros con impuestos). La CNMC concluye que las empresas se repartieron los contratos. En concreto, llevaron a cabo pactos de no concurrencia, emitieron ofertas de cobertura, retiraron o no justificaron ofertas, e instrumentalizaron el sistema de colaboración temporal entre empresas (UTE). Este tipo de acuerdos anticompetitivos están prohibidos en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, y suponen una infracción muy grave constitutiva de cártel que puede ser sancionada hasta con un 10% del volumen de negocios de las empresas.

Prohibición de contratar

La CNMC considera que corresponde aplicar a las empresas la prohibición de contratar prevista en el artículo 71.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). Sin embargo, valora positivamente algunos de los programas de cumplimiento normativo que han presentado las empresas sancionadas, y les ha pedido revisarlos dentro de seis meses.

Empresas sancionadas

En primer lugar, se ha multado a las empresas Comercial Hernando Moreno Cohemo, S.L.U. (Cohemo); Star Defence Logistics & Engineering, S.L. (SDLE); y Grupo de Ingeniería, Reconstrucción y Recambios, JPG, S.A. (JPG) por repartirse licitaciones relacionadas con el suministro, el mantenimiento y la modernización de vehículos militares entre enero de 2016 y junio de 2021. En segundo lugar, la CNMC ha sancionado a Cohemo y a Casli, S.A. (Casli) por manipular un acuerdo marco para comprar contenedores militares entre septiembre de 2019 y noviembre de 2021.

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