Una trágica denuncia interpuesta por la Policía Local de Ceuta en octubre de 2022 por la muerte de un perro al caer por un hueco de escalera ha desembocado en un insólito revés administrativo, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El propietario del perro, sancionado inicialmente con una cuantiosa multa, ha visto cómo el expediente completo era archivado por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma, al considerar que la infracción había prescrito.
Los hechos se remontan al 18 de octubre de 2022, cuando la Policía Local emitió una denuncia por el fallecimiento de un perro. Según el informe policial, el animal murió al caer por el hueco de la escalera mientras se encontraba jugando con un menor. La investigación administrativa posterior llevó a la incoación de un procedimiento sancionador contra el titular del perro.
Transcurrido el plazo legal sin que constaran alegaciones por parte del interesado, la Administración actuó con firmeza: por Decreto de 15 de noviembre de 2024, se sancionó al propietario con una multa de 3.602 euros.
La sanción se impuso por la comisión de una infracción grave de la Ley de Sanidad Animal. La notificación de este acto administrativo se llevó a cabo el 18 de noviembre de 2024.
Sin embargo, el propietario, a través de su letrada representante, interpuso un recurso potestativo de reposición basando su defensa en una poderosa herramienta legal: la prescripción de la infracción.
La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su artículo 30 que las infracciones graves prescriben a los dos años.
De acuerdo con la Ley 39/2015, el plazo de prescripción empieza a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Dado que la infracción se cometió presuntamente en octubre de 2022 y el recurso se interpuso en un momento posterior (aunque no se especifica la fecha del recurso, se sanciona en noviembre de 2024), la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales analizó la cronología.
El decreto de sanción se dictó más de dos años después de la comisión de los hechos (octubre de 2022). Aunque el plazo de prescripción se interrumpe con la incoación del procedimiento sancionador, la Consejería determinó que, efectivamente, había transcurrido más de dos años de la comisión de los hechos.
En virtud de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, que obliga a la Administración a dictar resolución expresa en los procedimientos, el final del expediente fue la declaración de la circunstancia que concurría: la prescripción.
La Consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Ceuta, Nabila Benzina, en uso de sus atribuciones en materia de Sanidad Animal, resolvió el 18 de diciembre de 2025 el archivo del expediente, sin más trámite, por la prescripción de las presuntas infracciones cometidas por el titular.
La Administración se vio obligada a notificar esta decisión de archivo por edicto en el BOE, dado que no se pudo practicar el traslado de decreto al titular del perro muerto, un último giro de tuerca que añade burocracia a una historia marcada por el retraso legal.
La resolución, que agota la vía administrativa, aún podría ser impugnada mediante un recurso potestativo de reposición o directamente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ceuta, pero en la práctica, la multa de 3.602 euros ha quedado anulada por la caducidad temporal del proceso sancionador.
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