El matrimonio, tras abandonar la vivienda, finalmente aceptó la pena mínima por un delito leve de usurpación, 180 euros
El matrimonio que ocupó una vivienda de las 317 VPO de Loma Colmenar adjudicada en el cupo para personas con discapacidad aceptó ayer, finalmente, una multa por un delito leve de usurpación. El juicio, celebrado en la sala de vistas del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de nuestra ciudad, se celebró tras la suspensión hace dos semanas para que el marido solicitara un abogado de oficio. Citadas las partes, finalmente consiguieron avenirse a un acuerdo por el que el matrimonio reconoció que ocupó la vivienda forzando una de las ventanas de la misma y la puerta. Por los daños ocasionados también pagarán una indemnización así como de algunos enseres que el adjudicatario había adquirido por valor de 231 euros. Este punto fue polémico en la negociación, ya que, una vez devuelta la vivienda a su adjudicatario real, aseguró que había muchos desperfectos y los enseres que había comprado, como colchas, lámparas y otros muebles, no estaban.
El matrimonio denunciado aseguró que en el momento en el que entraron en la vivienda “allí no había nada”. Pero tras la negociación entre los representantes legales finalmente aceptaron pagar, eso sí, a plazos, la multa y la indemnización reclamada.
El matrimonio explicó que tienen dos hijos y se encuentran en estos momentos sin trabajo. La mujer sí percibe una prestación mínima. No obstante, el abono de las cantidades en concepto de responsabilidad civil y multa se podrán pagar a plazos, tal y como solicitaron las defensas a la juez.
Por un delito leve de usurpación, el matrimonio pagará de manera conjunta y solidaria la cantidad de 180 euros, esto es, tres meses a razón de dos euros diarios. La reparación de los daños ocasionados en una de las ventanas y en la puerta de la vivienda serán próximamente tasados por un perito y será en fase de ejecución de sentencia cuando se determine la cantidad. Igualmente, deberán abonar en los plazos que establezca la juez la responsabilidad civil acordada en 231 euros.
Un desalojo pacífico y la discusión por las facturas del Ikea Hace dos semanas el Juzgado de instrucción número 1 suspendió la vista por la ocupación de esta vivienda de Loma Colmenar a causa de que uno de los denunciados quería solicitar un abogado de oficio. Ya entonces la mujer y los dos hijos aún seguían en la vivienda. En el transcurso de estas dos semanas el juzgado emitió una medida de alzamiento que no llegó a ser ejecutada puesto que el desalojo se produjo antes, con la colaboración pacífica de los ocupantes de la vivienda que entregaron las llaves al presidente de la comunidad de propietarios, quien a su vez hizo entrega de la misma a la comisión judicial allí desplazada el pasado miércoles, con la adjudicataria de la vivienda.
Ayer en el juicio, se insistió en la dudosa existencia de unos enseres que había comprado el adjudicatario y que había aportado los tiquets de compra del Ikea en concepto de una colcha, lámparas y otros muebles. Unos gastos que reclamaba el denunciante y que finalmente fueron aceptados igualmente por el matrimonio denunciado, puesto que éstos no están en la vivienda.