Multa de hasta 6.000 euros y riesgo de perder la vivienda pública adjudicada. El Gobierno de Ceuta ha emitido un requerimiento informativo para todos los beneficiarios de una vivienda protegida, una VPO que estén usándolas como piso patera.
Lo hace tras tener conocimiento de la existencia de irregularidades en relación a los titulares de los contratos de arrendamiento/compraventa de viviendas protegidas de promoción pública de titularidad municipal, y la ocupación de las mismas e incluso sus garajes para sacar beneficio económico de las miles de personas que entraron por el espigón del Tarajal.
Recuerda la Ciudad que esas viviendas protegidas de promoción públicas deben destinarse exclusivamente a domicilio habitual y permanente de la persona adjudicataria y de la unidad de convivencia autorizada. Es evidente que en esos fines no cabe el empleo como piso patera.
Está por tanto prohibido ceder, prestar o subarrendar la vivienda, habitaciones, garaje o trastero, así como permitir la ocupación por personas no autorizadas o cualquier explotación económica.
Qué sucede, que ha habido personas que han hecho negocio con esta situación, desviando el uso legítimo de una VPO para usarla de piso patera. Las denuncias o advertencias han llegado a conocimiento de la institución municipal, que ha formulado ya el primer aviso oficial antes de intervenir.
El incumplimiento, advierte, dará lugar al inicio de un expediente sancionador, con multa de hasta 6.000 euros, asícomoelincrementodelasanciónsiexistebeneficioeconómico.
Procederá además el inicio de expediente para la resolución del contrato y pérdida de la vivienda, y el correspondiente desahucio y la recuperación de la posesión, así como otras responsabilidades que procedan si se constata su empleo como piso patera.
El Gobierno local ha anunciado que se van a iniciar todo tipo de actuaciones, entre ellas la inspección e identificación de los moradores de dichas viviendas y anejos vinculados. Así, “cualquier uso indebido detectado será objeto de las actuaciones administrativas y legales correspondientes, con pleno respeto al procedimiento y al derecho de audiencia”, explican.
Se ha puesto en conocimiento de los titulares de dichos contratos, que “durante los próximos días se intensificarán las actuaciones de inspección en las promociones públicas de vivienda protegida, con acompañamiento de la Policía Local, con el objetivo de detectar y actuar ante posibles incumplimientos del régimen de vivienda pública” y la detección de pisos patera.
En el Consejo de Gobierno celebrado el pasado 18 de agosto, el consejero responsable en materia de vivienda, Alejandro Ramírez, ya adelantó del estudio de medidas que ahora han cobrado su oficialidad tras la difusión de estas circulares para conocimiento de todos los beneficiarios de una VPO.
La medida se refiere a las viviendas que dependen del Ayuntamiento, ya que al margen hay casos de alquileres en zonas de toda Ceuta que también han copado el protagonismo de distintas noticias.
Este periódico se hizo eco de situaciones en Canalejas y del entorno del Recinto, con vecinos que alertaban con preocupación de la existencia de pisos patera con alquileres que, según sus testimonios, alcanzaban los 2.400 euros mensuales, mientras advertían de la presencia habitual de adolescentes en las calles de la zona.
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