Las mujeres solo representan el 35% de la plantilla de la Administración local sin contar a sus empresas municipales y organismos autónomos. Son especialmente pocas (23%) entre los altos cargos y únicamente mayoría en el escalón laboral más precario, el del personal laboral temporal (60%), según el diagnóstico que de los trabajadores de la Ciudad Autónoma en función de su sexo realiza el Tribunal de Cuentas (TCu) en su última fiscalización, en al que recomienda que se elaboren y adjunten informes de impacto de género con cada Presupuesto.

En cuanto a la distribución de efectivos de la Administración General de la Ciudad y de todas sus entidades dependientes en el último ejercicio fiscalizado, 2017, se ha comprobado que el porcentaje de hombres, igual que en el año anterior, ha representado un 69%, situándose el número de mujeres en un 31% del total de los efectivos.

“Como puede observarse, los porcentajes de mujeres sobre el total de empleados inferiores al 40% se observan en todas las categorías, salvo en el personal laboral temporal, cuyo porcentaje es el 53%, y en el personal eventual, 43%”, subraya el Tribunal de Cuentas, que destaca que “el porcentaje de mujeres que han sido altos cargos ha alcanzado únicamente el 19%” en el conjunto del sector público autonómico.

El dictamen del órgano fiscalizador lamenta que la Ciudad “no ha observado” lo prescrito en la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establece que el principio de transversalidad se integre de forma activa en la adopción y ejecución de las disposiciones normativas de las Administraciones Públicas, así como en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades”.

El Ejecutivo que preside Juan Vivas “ únicamente ha incluido en sus Presupuestos un programa referido a estas políticas con una dotación económica que representa el 0,2% del total de los créditos iniciales”.

Desde el punto de vista presupuestario, en el ejercicio analizado únicamente se pudo determinar la cuantificación del programa específico ‘Promoción de la Mujer’, gestionado por la Consejería de Educación, en el que se registraron unas obligaciones reconocidas de 275.000 euros frente a unos créditos definitivos de 663, lo que refleja un grado de ejecución conjunto del 41%.

Las mayores desviaciones tuvieron lugar en las actuaciones relativas “al fomento de la empleabilidad, a los gastos de prevención de violencia de género y a las actividades de promoción de la igualdad”.

A pesar de la finalización de la vigencia del III Plan de Igualdad, en el ejercicio fiscalizado no se aprobó el cuarto, aunque el Área de Igualdad elaboró un estudio, soporte del mismo, denominado ‘Brechas de Género: mujeres y hombres en la Ciudad Autónoma de Ceuta”.