La causa en torno a la muerte de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate tras ser embestidos por una narcolancha, que en un principio encausó, entre otros, a un vecino de Ceuta, avanza después de que el juzgado de Instrucción número 1 de Barbate (Cádiz) haya ratificado este martes la orden de prisión comunicada y sin fianza para los dos últimos detenidos por ser tripulantes de aquella embarcación.
Jorge Piedrafita, abogado de la Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada (ADIVE) que ejercita la acción popular en el caso, ha informado de que el juez Ángel Rojas Navarro ha ratificado este martes el encarcelamiento de ambos, Yassine E.M y Mohamed L.M.
Ambos fueron detenidos después de que el piloto de la narcolancha, Karim El Baqqali, se entregara el pasado 19 de septiembre, tras siete meses de complejas investigaciones que incluyeron un giro en las pesquisas.
En el mes de mayo, los investigadores determinaron que la narcolancha que pilotaba Francisco Javier M. P., alias Kiko el Cabra, no fue la que embistió y mató a los agentes en el puerto de Barbate, como se pensaba inicialmente. Entre los detenidos se encontraba un ciudadano de Ceuta.
Al igual que el piloto, los dos tripulantes también ingresaron en prisión el pasado 9 de noviembre como presuntos autores de dos delitos de asesinato, cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa, seis delitos de atentado, un delito de contrabando y un delito de pertenencia a organización criminal.
En la vista celebrada este martes, según el abogado, la defensa de los dos acusados ha echado "todas las culpas" al piloto de la narcolancha y ha retratado a sus defendidos "como meros espectadores que nada pudieron hacer" para evitar la embestida y el acoso a los agentes.
Ello pese a que trataron "de deslumbrar con un puntero láser a los agentes" que estaban en una embarcación con la que se dirigían a identificarles.
El abogado de la acción popular ha solicitado la ratificación de la prisión preventiva "ante la gravedad de los hechos", los delitos que se les imputan "que suman más de cien años", "los indicios de la participación de los investigados que reconocen estar en la lancha" y por el "notable riesgo" de fuga "dada su falta de arraigo y posibilidad de huir a Marruecos" y de posible "reiteración delictiva".
El juez, según explica el abogado, "ha recogido esta argumentación y acordado mantener la prisión provisional comunicada sin fianza".
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