Un okupa pide 5.000 euros a un propietario por presuntos arreglos en la casa que accedió tras derribar a patadas la puerta de la entrada. No presenta pruebas de las mejoras, pero sí tiene la cara dura de no irse cuando le reclaman lo que ha hecho. Esto es así en muchos casos, porque ni la Ley, ni la Justicia, apoyan a los legítimos propietarios. Es más, parece que tener una segunda vivienda es considerado por algunos como una especie de fascismo retrógrado. Estarán conmigo en que la vivienda es un Derecho, pero también una obligación en la que hay que pagar por casi todo. No me extraña que haya personas que quieran encontrar vivienda de alquiler y no lo consigan, porque los propietarios prefieren dejarlas cerradas a cal y canto con seguridad a tope, antes que jugársela a que no paguen y se encastren por meses -o años- en la vivienda.
La vulnerabilidad es una guillotina que pende sobre la propiedad, porque si el inquilino -que no te paga pese a tener contrato- le cambian las circunstancias, siempre puede alegarla y vivir más tiempo gratis. Es un laberinto jurídico y social que algunas organizaciones enseñan a presuntos ocupas para tener todos los puntos a su favor. En cambio, el que alquila se ve abocado a lo privado e incluso a contratar empresas de desocupación si quiere recuperar lo que siempre fue suyo. Tengo datos certeros de inquilinos que piden dinero para dejar libre la vivienda, como el ocupa de los 5000, porque al parecer es precio fijo. Dado lo que cuesta un desahucio y el tiempo que tarda un Juzgado en cumplir la ley, no es raro que los propietarios tomen la decisión de negociar, dado el coste que les conllevaría el camino legítimo. No sé si pensarán que es una canallada esto de romper, patear o echarle cara a esta situación, que no hablo de gente trabajadora que les vienen mal dadas las cartas, sino de morralla chancletera que hacen de esto su oficio de vida y te lo sueltan en toda la jeta. Es un tema borrascoso, porque hay gente que solo ve familias cuando son en muchos casos tramas organizadas y delincuencia. Habría que separar, y para eso se necesitan medios sociales que ayuden a quien tiene necesidad de ello, descartando los que no pasan por el control de asuntos sociales, porque esos sí que no son de buena cepa. Hay que hilar fino también con la presión social, con la ayuda desinteresada porque no todos son iguales, ni todos los propietarios bancos o grandes tenedores. En muchos casos, los propietarios son gente jubilada que hace con su segunda casa un avío a su precaria situación. No deberían soportar que alguien no pague nada y encima se declare insolvente. No puedo entender los que dicen que aún tiene la propiedad, que la venda, sin darse cuenta que el parquin de viviendas en alquiler cada vez es menor porque se tiene miedo de perder por un ocupa descarado, con tiempo e información sobrada.
Como dato anecdótico les diré que en una ocupación tras un contrato legal en la que la inquilina pidió al dueño por irse 5.000 euros, esta misma señora había protagonizado otros dos desahucios anteriores en las mismas –exactas-circunstancias. O sea que, si investigáramos un poco, veríamos que hay gente que vive a costa de los demás con mucha cara dura y -sobre todo- porque el sistema les permite pelotear para salirse con la suya.
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