¿Monarquía o república?

Cuarenta y siete millones de españoles habitamos en la piel de toro, este trozo de tierra al sur de Europa. Cuarenta y siete millones de los que tan solo 30.000 salieron a la calle manifestándose para pedir extemporáneamente el derecho a decidir; aunque sería más correcto afirmar que  exhibían su "mejor versión" para exigir la proclamación de la III República como modelo de estado.

0,00063% de los españoles gritaron y decidieron unilateralmente desempolvar añoranzas de la historia pasada de nuestro país; ventilaron sus viejas banderas tricolor, que solo ondearon en los mástiles durante unos cortísimos 5 años, el tiempo sólo de la II República, a diferencia de la nuestra, la roja y gualda que lleva en el corazón de los españoles el resto de la historia de nuestro país. Ese escaso porcentaje de manifestantes, con mucho ruido eso sí, han sentido el deber moral y la representación social necesaria para intentar imponer una supuesta libertad de elección, pero pasando por encima del resto de compatriotas (justo por encima del 99,9993%) y de la propia Constitución que nos concedimos en 1978. La democracia se fundamenta en mayorías necesariamente. Las minorías no pueden imponerse.
El colmo de ignorancia o de la manipulación masiva es intentar pasarse por el arco del triunfo las leyes. El espíritu de la transición y el arco parlamentario de aquella época, de todos los colores e ideales, derechas e izquierdas y demás, aprobaron unas normas de juego ratificadas el 6 de diciembre y que desde hace más de 35 años han regido nuestros destinos, con sus defectos pero con innumerables virtudes, ya que esta ha sido una de las épocas menos convulsa de la historia de un país en el que no es fácil conseguir consensos políticos ante las continuas manifestaciones nacionalistas e independentistas, que no son exclusivas de ahora, sino de antiguas añoranzas.
Realmente desconozco si las personas que ahora están despotricando han llegado a leerse la Constitución. Somos Monarquía Parlamentaria, lo dice el articulado y muy clarito. Si se quiere tener un cambio en la forma de Estado hay que hacerlo de acuerdo a las normas establecidas y siguiendo los procedimientos marcados en las leyes, no por aclamación unilateral de 30.000 personas en la calle con banderas que no reconocemos. Todo lo solicitado a voz en grito conlleva todo un procedimiento legal que, como no podía ser de otra forma, lleva aparejado también la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. Realmente creo que no han leído nada.
No con esto que se plasma en estas letras quiero abogarme en defensora de nada; de hecho creo que si la duda está en el aire debemos tener el derecho a elegir nuestra forma de Estado, pero no ahora, no es el momento ni son las formas. Así sólo se pierde la razón. Existen procedimientos, hay que cumplir las leyes.
También está bastante claro que tenemos todo el derecho a quejarnos de ciertos hechos que han azotado a la Monarquía y a la familia real en los últimos años, y que tenemos, no solo el derecho, sino la obligación moral de exigir que la ley sea igual para todos. Pero llegados a este punto porque no nos preguntamos porque callamos ante tantos escándalos sobre corrupción política que azota nuestra país. ¿No hay muchísimas más cosas que importan a los ciudadanos antes que la forma de estado de España?  ¿Por qué permitimos que la policía tenga abiertas en la actualidad 82 operaciones contra la corrupción política, que afectan a unas 1.000 personas? Pues deberían salir de los gobiernos cualquier imputado, cualquier acusado de tráfico de influencias, de prevaricación, de sea lo que sea, porque realmente sería un acto de responsabilidad que por desgracia toda esta gente desconoce. ¿Y por qué no se manifiestan para tener derecho a decidir sobre los sueldos de los políticos, sobre las comunidades autónomas, sobre el cambio en la ley electoral, sobre la imposición de listas abiertas en las elecciones, sobre el derecho de hacer desaparecer instituciones obsoletas y carentes de sentido como el Senado y las Diputaciones Provinciales, sobre nuestro derecho a impedir esos beneficios que se han autoconcedido (los sueldazos, las pensiones vitalicias, las dietas, el aforamiento, etc...)?
Recordemos que nos dimos unos principios básicos para regular nuestra sociedad y evidentemente no podemos pasarlos por alto, no podemos ignorar actuar con justicia porque sino podríamos ser iguales de injustos que todos a los que criticamos.