Era el momento más esperado. Si hubo un runrún en torno a la política de adjudicación de viviendas, también existía ese mismo runrún sobre cuándo se conocería el auto judicial que cerraría la instrucción del '
Caso Emvicesa'. La magistrada ha puesto negro sobre blanco sus apreciaciones en un auto que deja 60 investigados y solo dicta el sobreseimiento respecto de dos personas. Ahora es el turno de las partes, de las Defensas que ya trabajan en la forma en que enfocarán sus recursos, contrarios a las conclusiones reflejadas por su señoría.
López y sus colaboradores
En este caso hay que diferenciar varios frentes. Antonio López es, sin duda, quien sale peor parado en esta historia y quien deberá enfocar su línea de actuación en solitario. Contra él hay testimonios directos de personas que manifestaron haberle entregado dinero a cambio de una vivienda. Contra él se dirigen las principales acusaciones que tan solo descienden en un nivel de la pirámide delincuencial para detenerse en los presuntos colaboradores. Por un lado, quienes supuestamente captaban clientes y recogían el dinero. Por otro, quienes desde la sociedad municipal de Emvicesa colaboraban para que todo funcionara adecuadamente. Los cinco trabajadores investigados intentaron ser apartados por la propia Ciudad de sus puestos de trabajo. Tuvieron que rectificar ese camino de sangría política con la que el PP quería ser ejemplar, frenando la suspensión en sus puestos de trabajo.
Los políticos de la Comisión Local de Vivienda
Otro ámbito bien distinto es el representado por los políticos o expolíticos de la Comisión Local de la Vivienda de la época. Sus letrados se enteraron del auto por la prensa, lamentan que ni se haya profundizado en las alegaciones que presentaron, despachando, en el caso de Susana Román, su intento de defensa en un par de párrafos sin entrar siquiera a rebatir el fondo de las cuestiones presentadas.
A la espera de Fiscalía
Ahora el escenario se presenta preñado de un sendero farragoso de recursos que deberán ser resueltos en el ámbito judicial hasta agotar los plazos antes de la celebración de esa fase estelar de todo procedimiento que es la apertura de juicio oral. El Ministerio Fiscal tiene mucho que decir en este ámbito, queda por conocer la que, sin duda, es la segunda pata más importante de todo este asunto: la que quede resumida en el informe que deberá presentar sobre su posicionamiento acusador en relación a todos los investigados.