Los mitos sobre la generación del ‘baby boom’

Entre 1957 y 1980, la cifra de nacimientos anuales en España superó los 600.000 bebés. Es lo que los demógrafos denominan el “baby boom”. Las jubilaciones de los que nacimos entre esos años están empezando ya. Lo que algunos expertos prevén es que las tensiones en el sistema de pensiones superen los 15.000 millones al año y tengan su mayor intensidad en torno a 2040. Este periodo de crisis se prolongará hasta 2047, que es cuando cumplirán los 67 años los que nacieron en 1980.

Para solucionar este problema y evitar problemas financieros a la Seguridad Social, el Gobierno de coalición progresista de España ha acordado con los sindicatos una pequeña subida de las cotizaciones, denominado “mecanismo de equidad intergeneracional” de las pensiones, que sustituirá al “factor de Sostenibilidad” que puso en marcha de manera unilateral el Gobierno conservador y autodenominado “liberal” de Mariano Rajoy en 2013.

En esencia, el mecanismo de equidad supondrá para un trabajador con sueldo medio, aproximadamente dos euros menos en su salario mensual durante una década, pero evitaría los recortes en su pensión que provocaría el factor de sostenibilidad a consecuencia del aumento de la esperanza de vida, estimadas por los propios agentes sociales y por el gobierno en una media de 300 euros a los más jóvenes.

Técnicamente implicará una subida del 0,6% en los tipos de cotización, de los que 0,5% correrán a cargo del empresario (9,88 euros para una base media) y 0,1% a cargo del trabajador (1,98 euros para una base media). De esta forma el Fondo de Reserva de la Seguridad Social podría alcanzar los 50.000 millones de euros en torno a 2032, según las estimaciones del ministro José Luis Escrivá, para reforzar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Evidentemente esta medida, al igual que otras destinadas a reforzar el mecanismo de solidaridad y el Estado de Bienestar, no son bien vistas por algunos sectores. Fundamentalmente por los que están proponiendo reformas tendentes a la privatización del sistema público de pensiones, la sanidad o la educación. En esto son acompañados por los que tanto les gusta denominarse “liberales” (aunque no entiendan el sentido del término), que en nuestro país está formado por los partidos de la derecha y la extrema derecha. Veamos si la medida tiene una buena base técnica para ser adoptada.

La condición de equilibrio financiero del sistema de pensiones y su sostenibilidad futura depende de distintos factores. Por un lado está la relación de jubilados y ocupados, que tanto preocupa cuando se estrecha por la base y se ensancha por la altura la pirámide de población. Pero también influye, y mucho, el porcentaje de participación de los salarios en el PIB y la relación entre la pensión y el salario medios. Estos tres factores, no solo el primero, serían los componentes del gasto en pensiones. Y para financiarlo tendríamos en el otro lado de la ecuación las cotizaciones y las subvenciones del estado al sistema. Es decir, la solvencia o insolvencia de un sistema público de pensiones como el nuestro, depende de una serie de supuestos, entre los que se incluye la evolución futura de la economía (PIB), el comportamiento del sector público (subvenciones) y la estructura actuarial del sistema de pensiones.

Por tanto, además del incremento de los tipos de cotización, también el nivel de salarios, el nivel de empleo y el crecimiento económico ayudarían a sostener el sistema. Evidentemente, otra forma de mantener el sistema sería bajando las pensiones. Es lo que siempre proponen los “liberales”. Todo esto significa que las medidas adoptadas en nuestro país, incrementando los salarios y adoptando medidas para proteger el empleo, como se está corroborando con los datos de desempleo registrado por el Servicio Público de Empleo Estatal, son adecuadas para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones y el poder adquisitivo de los pensionistas. Pero también, aumentando en una pequeña cantidad los tipos de cotización, para ayudar a que las tensiones ocasionadas por el “baby boom” no colapsen el sistema. Era el otro factor de la ecuación de equilibrio del sistema de pensiones que hay que utilizar en situaciones de este tipo. Los estudios científicos disponibles avalan que las subidas de salarios, las cotizaciones y subidas moderadas de algunos impuestos, no causan perjuicio alguno a la economía, sino todo lo contrario.

Ya en el año 1999, los economistas Orszag y Stiglitz, advirtieron que las políticas de alejamiento del sistema público de prestaciones definidas, propiciadas por el Banco Mundial, y puestas en marcha en países como Chile, eran un error. Además, en un magnífico estudio demostraron que los mitos en torno a los sistemas privados de pensiones surgían de la incapacidad de distinguir algunos aspectos importantes, y llevaban a conclusiones erróneas sobre la supuesta superioridad de los sistemas privados de pensiones. Ni aumentaban el ahorro nacional, ni sus tasas de rentabilidad eran superiores, ni las inversiones de los fondos fiduciarios públicos en acciones privadas tenían implicaciones en el bienestar social, ni incrementaban los incentivos del mercado de trabajo, ni incentivaban el retiro anticipado, ni los costes administrativos de los fondos privados eran inferiores, ni la gestión de los fondos públicos es más ineficiente que la de los fondos privados (que se lo pregunten a los millones de chilenos que en la actualidad buscan volver al sistema público de pensiones). Estos mismos mitos son los que los “liberales” españoles siguen manteniendo, veinte años después, para, aprovechando las generaciones del “baby boom”, intentar, de nuevo, un asalto a nuestro sistema público de pensiones y de Seguridad Social.

Pero de lo que no hay duda es de que el mantenimiento del Estado de Bienestar es una cuestión política, que afecta más a la distribución de la riqueza, que a cuestiones económicas. Y además, se ha hecho imprescindible, no solo para combatir la pobreza, sino para mantener al propio sistema de economía de mercado. En definitiva, si se quiere un mundo mínimamente habitable, se hace preciso una profundización en los Derechos Humanos. Y esto no nos lleva más que a la profundización en el Estado de Bienestar, pues con ello se contribuirá a la felicidad humana. Por ello es difícil, aunque no imposible, un acuerdo al respecto.

Ya sé que esto no lo entienden algunos empresarios (no todos), ni algunos políticos autodenominados “liberales”. Pero es de lo poco que sigue manteniendo vivas las esperanzas en millones de personas de que un mundo mejor es posible.