El ministro no ha ido al entierro

Los trabajadores de la construcción tienen la obligación de llevar en su jornada laboral el equipo completo de Protección Imprescindible (EPI), compuesto por casco protector, zapatos de seguridad, ropa de protección, prendas de señalización y equipo anticaídas. Un equipo que deben entregar las empresas a los trabajadores. No entra en cabeza humana que los trabajadores compren con su salario el equipamiento para protegerse en su jornada laboral. Esta misma situación se da en todas las profesiones.

Eso es lo que pensaba la agente de Policía en prácticas que estuvo a punto de ser acuchillada este martes en Madrid. Una policía que salvó su vida gracias al chaleco antibalas que llevaba en ese momento. Un chaleco que había comprado de su bolsillo, porque el Cuerpo Nacional de Policía no se lo facilitó. La mejor compra que había hecho en su vida, porque recibió varias puñaladas en el chaleco que iban dirigidas a esta compañera.

La compañera se vio sorprendida por la actitud agresiva de un hombre joven con problemas mentales que intentó acuchillarla en varias ocasiones a pesar de que la policía le apuntaba con su arma reglamentaria. Sacar el arma no intimidó a esta persona, como no intimida a los muchos atracadores violentos y organizaciones criminales que se enfrentan a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Delincuentes y organizaciones criminales que llevan armas y van protegidos con chalecos comprados por estas organizaciones.

Esta misma semana la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) denunciaba y reclamaba al ministro del Interior la necesidad de equipar a los guardias civiles y policías nacionales de chalecos antibalas. Unos chalecos imprescindibles para protegernos, que salvan vidas, que evitan lesiones. Eso lo sabe bien el ministro del Interior y los directores generales de Policía y Guardia Civil, porque tienen las estadísticas de las continuas agresiones a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Un chaleco puede marcar la diferencia entre vivir o morir por proteger la seguridad ciudadana de los españoles.

En nuestra denuncia decíamos que los guardias llevamos toda nuestra vida profesional sufriendo esta sinrazón. Una sorpresa para los guardias en prácticas que se han incorporado recientemente, porque nunca llegaron a pensar que prestarían servicio sin esta prenda fundamental para proteger su integridad física. No entienden que no se les adjudique un chaleco individual, ni que tengan que compartirlo con otros guardias que vuelven del servicio con ellos sudorosos y, mucho menos, que tengan que usar chalecos que no son de su talla con el perjuicio de seguridad que ello conlleva, y no lo dice AEGC, son las normas del Servicio de Armamento y Equipamiento Policial (SAEP), que aconseja que el chaleco tiene más protección cuando más próximo se encuentra al cuerpo del usuario.

Lamentablemente, unos días después de nuestra denuncia, el atentado sufrido por la compañera del Cuerpo Nacional de Policía nos ha dado la razón y pone en evidencia que la falta de equipamiento policial pone en riesgo la vida de policías y guardias civiles. Ningún ciudadano entendería que un agente de la autoridad perdiera la vida por no llevar un chaleco antibalas y, mucho menos, cuando nos enteramos de que el gobierno invierte 26 millones en vehículos para Marruecos, mientras en nuestro país nos tenemos que jugar la vida sin chalecos antibalas, ni defensas extensibles, que era otra de las reivindicaciones que hacíamos.

Sin duda la colaboración de la policía y gendarmería marroquí en la lucha contra la inmigración ilegal, tráfico de drogas y otros delitos es fundamental para la seguridad de la frontera sur, pero también hay que ser generoso y equipar a los del propio país. Desde AEGC no vamos a juzgar los acuerdos que en seguridad se hagan con terceros países, pero como organización representativa nos vemos en la obligación de denunciar nuestras carencias, sobre todo, cuando de estas carencias depende salvar nuestras vidas. Vidas que no tienen repuesto.

El ministro del Interior y los directores generales del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil no han tenido que asistir al entierro de la compañera de Madrid. Tampoco han tenido que ir a visitarla al hospital, porque nuestra compañera llevaba un chaleco antibalas. Un chaleco que se había comprado. Un chaleco que ha evitado que los máximos responsables de la Seguridad del Estado pasaran el mal trago y el bochorno de reconocer que sus policías nacionales y guardias civiles carecen de chalecos antibalas para protegerse de los delincuentes, organizaciones criminales o enajenados.