Las dos administraciones intentarán, de esa forma, “aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, potenciado su nivel formativo y de adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo, destinándose dichas acciones de forma prioritaria a grupos específicos de mujeres en situación social desfavorecida”.
El convenio incluye actuaciones destinadas a “proporcionar oportunidades para determinados perfiles de trabajadoras con baja o nula cualificación”, donde sus barreras de inserción laboral pueden encontrarse en la falta de información, en los costes de incorporación o incluso, según recogen las bases, en “el bajo estado anímico o la carencia de capacidades profesionales en determinadas actividades a desarrollar”.
¿Cómo lograrlo? Ambas administraciones han diseñado actuaciones desglosadas en tres etapas o fases. La primera de ellas sería la de captación y selección de las posibles beneficiarias, la segunda la formativa y la tercera proporcionaría prácticas en empresas para poder llevar al terreno laboral lo aprendido. La selección se producirá tras valorar y baremar los diferentes perfiles de las usuarias, dando prioridad “a situaciones sociales desfavorecidas”, entendiéndose como tales los niveles bajos de renta o ser víctima de violencia de género o formar familias monoparentales.
Entre las formaciones diseñadas, destacan las vinculadas a trabajos de Celadora Sanitaria, Actividades Auxiliares de Comercio, Vigilante de Seguridad y Operaciones Básicas de Restaurantes y Bares.
Mato insiste en la ventaja de la igualdad de prestaciones
“Todas las medidas que hemos aprobado tienen como único objetivo garantizar a todos los usuarios del Sistema nacional de Salud el acceso a las mismas prestaciones y en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional”. Así contestó ayer la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, a una interpelación del grupo parlamentario de CiU en el Congreso de los Diputados sobre la aportación del usuario en la prestación farmacéutica ambulatoria hospitalaria.
La ministra destacó la puesta en marcha de una nueva Cartera Común Básica de Servicios, igual para toda España, que está siendo elaborada en base a criterios exclusivamente médicos, de acuerdo con las sociedades científicas. Esta nueva cartera “hace que todos los ciudadanos sean iguales, que tengan los mismos derechos y que puedan acceder a los tratamientos más novedosos para todos por igual en las mismas condiciones”, apuntó.
Entre las medidas de equidad, Mato subrayío algunas de las adoptadas en lo que va de año, como el cribado del cáncer de colon, que por primera vez se realizará en todas las comunidades autónomas, junto con otras pruebas, como las de mama y cérvix, para las que se han acordado criterios comunes. También la gran novedad de la tarjeta sanitaria única.
