El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha este lunes el despliegue a nivel nacional del Sistema de Dictado Jurídico, una herramienta tecnológica que permitirá a los trabajadores de la Administración judicial transcribir de manera rápida y precisa textos jurídicos a través del reconocimiento de la voz. Ceuta está entre las autonomías pioneras en desplegar este sistema junto a Murcia, Melilla y Baleares.
Según ha comunicado el Ministerio que dirige Pilar Llop en una nota de prensa, esta tecnología ha superado una fase de prueba que finalizó en el mes de abril y se enmarca dentro del proceso de transformación digital de la Administración de Justicia.
La herramienta permite transcribir 160 palabras por minuto con una alta precisión y reconoce los términos jurídicos. Posibilita pasar a texto de forma automática notas de voz desde cualquier dispositivo y en distintas aplicaciones, así como formatear, hacer búsquedas, navegar por internet y rellenar formularios.
Con este sistema se prevé ayudar al ahorro de tiempo, a aumentar la productividad, facilitar la búsqueda de documentación en las bases de datos y eliminar, en lo posible, los errores ortográficos.
El Sistema de Dictado Jurídico, que funciona con el 'software' de reconocimiento de voz y traducción DigaLaw X, estará disponible para todos los profesionales y, en especial, para magistrados, jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia.
Justicia explica que este sistema usa "tecnologías punteras de Inteligencia Artificial y redes neuronales profundas" que están "siempre en desarrollo y en autoaprendizaje continuo, con lo que mejora las prestaciones de forma progresiva, sin que sea necesario algún entrenamiento o adaptación a la voz del usuario".
El Ministerio se ha hecho con 2.960 licencias que serán repartidas en varias fases con las administraciones y comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias de Justicia.
Con la primera fase, que ha comenzado este lunes, se distribuirán a 862 usuarios en Murcia, Ceuta, Melilla y Baleares. La segunda, desde el 13 de junio, implicará a Extremadura y Castilla-La Mancha, con 828. La tercera, el 20 de junio, se extenderá a Castilla y León, con 791. Por último, y a partir del 27 de junio, en la fase cuarta se proporcionarán 524 licencias al Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado, la Audiencia Nacional y órganos de Gobierno.
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