La Delegación del Gobierno en Ceuta está esperando un informe del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, concretamente de su Dirección General de la Costa y el Mar, sobre la viabilidad de la instalación de una rampa de acceso libre al mar para pequeñas embarcaciones y motos acuáticas, una reivindicación antigua de parte de sus usuarios a la que han puesto reparos reiteradamente las Fuerzas de Seguridad.
El titular de la institución de la plaza de los Reyes, Rafael García, anunció a mediados de febrero que la playa de San Amaro es “la zona más adecuada” para su ubicación y adelantó que intentaría firmar un convenio con la Ciudad Autónoma “a la mayor brevedad posible”.
“Al igual que otras ciudades costeras, Ceuta tendrá un acceso público al mar próximamente que reúna todas las condiciones de seguridad necesarias”, avanzó el delegado. La materialización de su voluntad política está ahora en manos del ministerio, que está evaluando la posibilidad de tramitar la correspondiente concesión en función de su encaje con las leyes de Costas y Puertos, según las fuentes consultadas.
De acuerdo con la versión de la Delegación, “tras haberse estudiado diferentes ubicaciones para instalar esta nueva infraestructura se ha determinado que la zona de San Amaro es la más adecuada, ya que cumple con todas las garantías de accesibilidad y seguridad necesarias para este tipo de actividades”.
La Benemérita ha rechazado durante los últimos años tanto San Amaro como Benítez, Calamocarro o las playas de la bahía sur para la instalación de una infraestructura de ese tipo después de que se clausurase, precisamente también por motivos de seguridad, hace una década la que estaba dentro del puerto.
El Pleno de la Asamblea ha abordado en reiteradas ocasiones durante los últimos años la posibilidad de colocar una rampa que evite a los usuarios de pequeñas embarcaciones el pago de cantidad alguna por botarlas al mar.
La última fue el pasado mes de enero, cuando el MDyC volvió a plantear la necesidad de su colocación. Fatima Hamed planteó la zona de La Almadraba como idónea “por cuestiones de seguridad, acceso y desarrollo”, pero el acuerdo alcanzado por la Corporación dejó su ubicación en el aire.
El Gobierno de Vivas alegó que las resoluciones adoptadas previamente por la Asamblea en ese mismo sentido no habían caído en el olvido, pero que la Administración General del Estado había desechado sus proyectos.
La legislación establece que la utilización del dominio público marítimo-terrestre y, en todo caso, del mar y su ribera es “libre, pública y gratuita” para “los usos comunes y acordes con la naturaleza de aquel, tales como pasear, estar, bañarse, navegar, embarcar y desembarcar, varar, pescar, coger plantas y mariscos y otros actos semejantes” siempre y cuando, eso sí, “no requieran obras e instalaciones de ningún tipo y que se realicen de acuerdo con las leyes y reglamentos o normas aprobadas por la ley”.
La aplicación de ese principio ha reducido al mínimo la concesión de permisos para la apertura de nuevas rampas fijas de varada en toda España. En múltiples provincias, sobre todo de la costa mediterránea, se han dado encontronazos entre quienes las reclaman y el criterio de la administración reticente a intervenciones de esa naturaleza en la costa.
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