Las circunstancias o la casualidad no cabe en asuntos en los que la vida está en juego. Es por ello que en casos como los de violencia de género el margen de error debe ser el mínimo. La brutal agresión contra Yolanda y sus hijos sirve de triste ejemplo de un fallo en el sistema. A una mujer que suplica ante el juez apoyo porque asegura tener miedo, no se le puede mandar a casa asegurándole que esté tranquila porque su esposo tiene una orden de alejamiento y no podrá acercarse a ella si no va con escolta policial. Y no se le puede mandar así si no existen las garantías para conseguir que esa advertencia sea real, que el protocolo se cumpla y que no existan fallos. Hoy estamos hablando de un milagro y estamos reproduciendo las condenas de los distintos partidos políticos, pero todavía no he leído que nadie asuma su parte de responsabilidad por lo sucedido. Si existía una orden de alejamiento para ambos, y está claro que fue el marido el que no la cumplió, ¿quién estaba para garantizar que la misma fuera efectiva? Hoy, como ayer decían los familiares, estamos contando un suceso en el que las víctimas se encuentran en el Hospital, pero, bien podrían haber estado en el tanatorio. La familia tiene miedo y es duro hablar con un hijo aterrorizado o una hermana que ha sido amenazada. El sistema debe atender una súplica pública porque para eso está. Las campañas contra el maltratador no se ciñen exclusivamente a levantar la tarjeta roja, debe existir algo más y debe garantizarse un protocolo, qué menos, efectivo.
El examen de conciencia, cuando menos, es de obligado cumplimiento.
