El fenómeno de la inmigración, luego convertido en problema, empezó, en España, con mentiras. Cuando los inmigrantes comenzaron (en su mayoría de manera ilegal) a llegar a España, todos los que tenían responsabilidades políticas, fueran quienes fueran, prometían a voz en cuello que venían a realizar los trabajos más ingratos y penosos que los españoles ya no querían hacer, nos pagarían las pensiones y el ciudadano se podría jubilar antes de tiempo. También nos dijeron que venían a suplir la baja natalidad española. Andando el tiempo, todo se ha revelado como una mentira. Es más, empezaron a llegar embarcaciones cargadas de embarazadas, bebés y menores. Obviamente, esos no venían a llevar a cabo ninguna de las tareas que nos habían dicho que los inmigrantes venían dispuestos a hacer. Todo fue una mentira, tanto de los populares como de los socialistas. Cuando las entradas ya se habían convertido en insoportables por el número de ilegales que llegaban, todos aquellos que tenían responsabilidades nos prometieron que quienes llegaran ilegalmente serían expulsados. Así como suena: serían expulsados. Todo fue una burda mentira para callar al ciudadano que hacía preguntas incómodas. A este respecto, Consuelo Rumí, Secretaria para la Inmigración y Emigración, declaró a Radio 5 “Todo Noticias”, el 24.07.2004, que de todos los inmigrantes que había en España en aquellos momentos el 70% había entrado ilegalmente. Aun más, cuando el gobierno popular de Aznar quiso aplicar la Ley de Inmigración que había sacado adelante al principio de su segundo mandato (2001) y cuando inmigrantes ilegales se habían encerrado, en Lepe, Olavide, Universidad de Almería, iglesia del Pi de Barcelona, etcétera, CC.OO, PSOE, UGT, CGT, IU, APDH-A, Plataforma Papeles para todos (Presidenta Norma Falconi), ONGs, PSC, IC-Els-Verdes, llamaron a desobedecer la Ley de Extranjería y esconder a los inmigrantes ilegales. El problema en España es que nunca hubo un debate sobre la inmigración legal e ilegal. Sólo hubo mentiras, insultos y, después, amenazas dirigidas a quienes trataran la inmigración desde cualquier punto de vista. La inmigración se ha convertido en un tabú. Y ya no se argumenta, sino se descalifica ‘ad hominen’, a la persona que se atreva a entrar en la cara perversa de la inmigración (no se olvide que el insulto descalifica al que insulta, no al insultado). Y es paradójico que los defensores a ultranza de los inmigrantes no quieren que éstos vayan a la cárcel, cometan las tropelías que cometan, sin embargo, no pestañean en pedir reiteradamente, una y otra vez, la aplicación del 510 del CP a quien recuerde y enumere las tropelías de la inmigración, legal e ilegal, y pida la expulsión de ilegales, como nos prometieron los que nos gobernaron en aquellos años.
A principios del mes de enero hubo una manifestación en Villacarrillo, Jaén, de inmigrantes africanos para pedir que no cesase la búsqueda de un temporero de Malí desaparecido desde el 17 de diciembre. Aquello degeneró en una ola de violencia de los africanos con lanzamiento de piedras a la policía y a la guardia civil, destrozos de coches y de mobiliario urbano y gritos de “asesinos” y “racistas” contra los españoles. Hasta Villacarrillo se desplazaron africanos desde otras ciudades de la provincia para participar en la manifestación, en autobuses y coches particulares, algunos con pancartas y lemas como “este país de blancos que mata negros”. Sorprendentemente, ¡no hubo ningún detenido! Recuérdese que los disturbios del Gamonal burgalés se sustanciaron con varios detenidos. ¿Patente de corso? ¿Hechos puntuales? No me han llegado noticias de que alguien haya pedido insistentemente la aplicación del 510 del CP por odio al diferente, en este caso, los españoles blancos, en particular, de Villacarrillo y los españoles blancos, en general, de España. He ahí un excelente ‘caladero’, el de Villacarrillo, en donde los ‘valentones’ pueden echar sus cañas para tratar de pescar africanos xenófobos, racistas, fascistas y ‘odiadores’ del diferente.
Asimismo, estamos asistiendo un día sí y otro también a la llegada de pateras a las playas de Melilla cuyos integrantes vienen en son de guerra. Unos llegan con cuchillos en mano para amedrentar a los guardia civiles; otros llegan con cubos llenos de piedras; otro agarra a un menor que viaja en la patera y hace ademán de lanzarlo al agua si se les devuelve a Marruecos; otro empuña una botella de gasolina y acerca un mechero para indicar que si se les rechaza prenderá fuego a la patera y a todos los que en ella van; en otra ocasión, doce ilegales a bordo de una patera atacan a una embarcación de la Guardia Civil. En fin, son innumerables casos de tropelías que cometen los inmigrantes y, sin embargo, se van de rositas y nadie, absolutamente nadie, pide que se les aplique el 510 del CP. Un caso cercano a nosotros, fue el del matrimonio de sirios que, como el resto, había entrado presumiblemente con pasaportes a nombre de marroquíes, no se olvide. Recordemos que el padre mantuvo suspendido a su hijo menor en el hueco de las escaleras del aparcamiento, y la esposa amenazó a un policía con un cuchillo. Pues ahí los tienen, se marcharon a la Península, a él le piden tres años y a ella, cuatro. Dicen que se van a Bélgica. Ya ven, su premio a ese cúmulo de delitos es enviarlos a la Península. No tengo noticias de que esos que se la cogen con papel de fumar hayan dicho esta boca es mía. ¿Hechos puntuales? Silencio.
Para finalizar, he de decir alto y claro que quien suscribe, LG Álvarez, ni es xenófobo, ni es racista, lo único que pretendo es que los inmigrantes sean tratados con arreglo a nuestras leyes, incluido ese 510 del CP: con derechos, sí, pero con deberes también. Que no tengan patente de corso.
