Menores y Fiscalía

La Ciudad ha recibido el aviso: en dos meses tendrá que cerrar el centro de acogida de menores marroquíes del Hacho. La advertencia la ha dado el Ministerio Fiscal que únicamente viene a cumplir lo que desde hace tiempo se lleva avisando. Así que en esta historia no caben plañideras, ni sustos, ni manos alzadas pidiendo ayuda porque desde hacía mucho tiempo la Ciudad sabía que ese centro no podía seguir funcionando. Lo que hace el órgano judicial es avisar, y de no cumplirse el plazo dado dará parte a instancias superiores para que intervengan echando el cierre judicial a la vieja casa militar. Ahora surge la duda, ¿qué hacemos con los MENA?, ¿dónde los metemos? La problemática es importante pero no cabe vuelta atrás así que habrá que convertir el tema en asunto prioritario que es lo que durante todo este tiempo no se ha hecho.
Cuando la secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, conoció el pasado julio el centro de ‘La Esperanza’ se llevó las manos a la cabeza. Cuando el Defensor del Pueblo ha girado inspecciones a dicha instalación no ha tardado en dictar resoluciones advirtiendo de las pésimas condiciones de algo que, por llamarlo de alguna manera, lo hemos llamado centro de acogida. Y judicialmente tampoco se ha dado el visto bueno al estado de un lugar que sirvió para que el PP se quitara ‘el marrón’ de los menores cuando estos aparecían por las calles en los duros años del pegamento coincidiendo con el desembarco del GIL. Lo que mal comenzó, mal continuó. La Ciudad nunca debería haber continuado con ese centro y, tiempo ha, tendría que haber invertido en un lugar en condiciones para evitar lo que ahora tendrá que hacer porque se lo manda una institución judicial.
¿Por qué se ha llegado a esta situación? Porque políticamente se ha jugado a parchear los problemas, quizá porque las inversiones en un centro así no lucen tanto ni tampoco sirven para captar votos. Así que nos hemos visto en esta situación en la que el malo de la película no es el sistema judicial, sino quien no ha hecho sus deberes a tiempo.
Ceuta, además de llorar porque no tiene dinero para los MENA, además de pedir más subvenciones a Madrid, además de cerrar en falso intoxicaciones alimenticias... debe tener constancia de que, por su mera ubicación geográfica, va a tener que asumir problemáticas que nunca desaparecerán. Y la derivada de la inmigración infantil es una de ellas. Todavía no lo hemos asumido, arrastrando una historia política plagada de irregularidades, detenciones ilegales, denuncias,  imputaciones y poca efectividad.
Ahora nos obligan a cerrar el centro, y yo me alegro, pero lamento que haya tenido que ser una advertencia judicial la que no ha abierto los ojos del personal sino que, sencillamente, les ha acojonado.