El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha dejado a su paso por Ceuta la impresión de que el ministerio que dirige Sira Rego está tan convencido como el Ejecutivo local de que el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados debe ser tratado como un asunto de Estado cuya solución compete a todo el país por encima de disquisiciones competenciales.

El político gallego rebatió con tino tanto el populismo ultraderechista de muros (“sabemos que van a venir y que por mucho que externalicemos fronteras la migración es un derecho natural y se va a seguir produciendo”) como las reticencias de otras autonomías a ser solidarias y corresponsables con la gestión de la problemática que sufren regiones como Canarias y Ceuta, cuya actitud institucional ha sido justamente valorada, como el trabajo del personal del Área de Menores.

La solución, advirtió, “no puede ser la creación de más y más centros donde estén mucho tiempo en condiciones que se intenta que sean absolutamente dignas, pero cuya saturación desborda las capacidades”. En ese marco y ante la negativa de muchas comunidades con independencia de su color político a arrimar el hombro el Gobierno central hace bien en seguir abogando por el consenso sobre los mecanismos de derivación pactados en 2022 o sobre otros nuevos que involucren a entidades del Tercer Sector como destinatarias de guardas provisionales mientras la administración del territorio de llegada mantiene la tutela.

También es importante que, mientras se legisla en un periodo especialmente difícil para conseguirlo, esas soluciones sean inmediatas y eficaces para los fines pretendidos con el interés superior de los niños como prioridad y la unidad del país como premisa.