El traslado de menores inmigrantes llegados de Marruecos ha provocado un auténtico enfrentamiento entre comunidades. A las advertencias de acudir a la vía judicial se han sumado mensajes excesivamente radicales que pueden provocar un mal mayor: conflictos raciales como los vividos este pasado verano.
Todo un Gobierno de España advierte que instará a la Policía a intervenir. Parece que nos hayamos vuelto locos todos. ¿Policías acudiendo a defender a niños porque en algunas comunidades no los quieren? A ese punto hemos llegado, normalizando la situación.
Dice el Gobierno también que actuará la Fiscalía. Y allá que me veo a todo un Ministerio Fiscal buscando la manera de evitar que cuando lleguen los ‘niños del cupo’, porque los han repartido como filetes en la carnicería, a una comunidad no les planten un muro.
La clase política, que es en definitiva la única que ha hablado diciendo que representa al pueblo, no ha estado a la altura ni de las circunstancias -estamos hablando de menores- ni de las consecuencias que sus discursos pueden tener en el resto de la población.
A ellos no les importan más que sus votos, imponiendo un mensaje peligroso que parece no tener límites. Luego nos llevamos las manos a la cabeza y tratamos de encontrar explicaciones a unas actuaciones extremas. El caldo de cultivo lleva tiempo haciéndose.
No nos puede extrañar tampoco que Abascal pida hundir el Open Arms, como esto siga así en breve pedirán abiertamente -ahora lo hacen de manera cobarde- que se linche al diferente.
Llevamos años normalizando discursos racistas como si nada, permitiendo que se extiendan en redes sociales sin castigo, protegiendo una estructura para que sea difícil hasta intervenir para ponerle freno a esto.
Los menores se trasladarán a las comunidades, ¿pero a qué precio? La imagen de España no debió ser esa.
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