Cinco de los 55 menores de nacionalidad marroquí que fueron devueltos al país vecino entre el 13 y el 16 de agosto del año pasado en aplicación de un procedimiento pactado con las autoridades marroquíes que no respetó lo establecido en la Ley de Extranjería ya han retornado a la ciudad y están acogidos en equipamientos dependientes del Servicio de Protección a la Infancia de Ceuta, tanto en Piniers como en el
Centro de Realojo Temporal de La Esperanza, según han explicado a este periódico fuentes de las organizaciones no gubernamentales que les prestan asesoramiento, como al resto de jóvenes que también fueron expulsados hace doce meses y continúan en el país vecino.
Los chicos, todos al borde de cumplir los 18 años (los retornados más jóvenes tenían más de 16 cuando fueron forzados a volver a su país), tienen derecho a ser documentados aunque estén a menos de tres meses de cumplir la mayoría de edad al exigir la legislación vigente que su situación se retrotraiga al primer momento en el que quedaron a disposición de
la Ciudad Autónoma, en este caso en mayo del año pasado, durante la crisis que propició
la entrada irregular de unas 12.000 personas en Ceuta, alrededor de 1.500 con menos de 18 años y sin compañía. Las instituciones locales han intentado en ocasiones regatear esa obligación. En octubre el Defensor del Pueblo tuvo que recordar a la
Delegación del Gobierno “el deber legal que le incumbe de retrotraer los efectos de la autorización de residencia concedida a los
menores extranjeros no acompañados a la fecha de su puesta a disposición de los servicios de protección de menores, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.7 de la Ley Orgánica 4/2000, que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, así como en el artículo 196.4 del Real Decreto 557/2011, que aprueba el reglamento de la citada Ley Orgánica.
Un riesgo para la integridad de los menores
Fuentes jurídicas han indicado que los chavales no tienen, sin embargo, ninguna ventaja en lo que a su situación en España se refiere por las sentencias de primera y segunda instancia (ya recurridas por la Delegación y la Ciudad al Supremo y por lo tanto no firmes) que concluyeron que la actuación de la administrativa estuvo “exenta de las mínimas garantías procedimentales exigibles” y “conjuró una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o moral de los menores afectados por las medidas de devolución que no desvirtúan los apelantes”. Los veredictos han impuesto a la Administración General del Estado la obligación de “adoptar las medidas necesarias” para conseguir “el retorno de los menores de edad que fueron efectivamente repatriados”, algo que la Delegación advirtió desde el primer momento que no acataría mientras el fallo no fuese irrecurrible. Con parte de los menores de vuelta en España por la vía de hecho, su versión podría ser “de importancia” como implicados directos, según las fuentes consultadas, en las diligencias penales abiertas con la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta Primera del Ejecutivo de Ceuta, Mabel Deu, por un presunto delito de prevaricación continuada. Ambas están citadas por la titular del Juzgado local de Instrucción número 2 a declarar el próximo 1 de septiembre en calidad de investigadas.