La cuestión derivada de la entrada de menores marroquíes es asunto de Estado. Como tal debe ser abordado. Los territorios más afectados por esa presión, Canarias y Ceuta, no pueden estar sometidos a ese desprecio político y moral ejercido por las comunidades autónomas que, en este caso, coinciden en estar gobernadas por el PP.
Rechazar la política de traslados de niños marroquíes por sistema supone la materialización de una gestión egoísta y despreciativa hacia los territorios que se están viendo más afectados y que necesitan soluciones.
Ceuta se ha visto obligada a tirar de recursos extraordinarios y de emergencia para acoger a los más de 400 menores que tiene hoy en día. No puede aminorar esa presión porque no existen alternativas y porque hay comunidades que se ponen de acuerdo para hacer un auténtico boicot.
No se lo hacen al Gobierno de la Nación, se lo hacen a los propios menores que deben ser protegidos y a dos territorios a los que discriminan claramente y que, si tienen esta presión, es por su mera ubicación geográfica.
La Ciudad ha mantenido siempre firme su postura, no ha variado en nada su tono y ha seguido defendiendo lo mejor para los intereses locales, a pesar de tener que chocar políticamente con los criterios de gobiernos del mismo signo político.
En política no caben posturas gamberras, no cabe boicotear foros destinados a hablar y a solucionar problemas.
En política hay que trabajar por solucionar asuntos de tanta envergadura como son los relacionados con una inmigración constante que va a más. Los ciudadanos quieren políticos maduros y responsables, no representantes públicos que no hacen más que adoptar actitudes pueriles.
