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Otro de los menores devueltos en agosto cruza a Ceuta y queda en un limbo

El chico no puede ni solicitar asilo porque no hay citas “hasta octubre” l Hace un año se echó a 4 identificados como “víctimas de abusos o amenazas en su país de origen”

Otro (y van seis) de los 55 menores migrantes solos expulsados de Ceuta en agosto del año pasado sin ceñirse al procedimiento establecido en la Ley de Extranjería que, según han dictaminado hasta ahora los Tribunales, tendría que haberse seguido para intentar repatriarlos, ha logrado regresar a Ceuta, donde ha quedado sumido en un limbo de horizonte incierto.
El joven, devuelto cuando aún no había alcanzado los 18 años, ya los ha cumplido, por lo que tras acceder irregularmente a territorio español la semana pasada fue expulsado de los recursos de Piniers que gestiona SAMU y tuvo que pasar una noche en la calle. En ella fue “asaltado” y registrado. Nada le quitaron, pues nada tenía encima nada más que sus sandalias, una camiseta y el bañador bajo el que guardaba la hoja con una citación que le había dado la Policía Nacional para estar anteayer a las 10.00 horas en sus dependencias de la frontera. Supuestamente para pedir asilo.
Al personarse allí después de lograr cobijo con una familia caballa (ninguna de las oenegés contactadas ni Servicios Sociales dijo poder darle más atención que un consejo: buscar y pagar una pensión) y de conseguir una abogada de oficio no pudo cumplimentar el trámite de reclamar protección internacional atendiendo a su condición de denunciante de víctima de malos tratos, la misma que ha permitido a su hermana asentarse en Sevilla.

Para conseguirlo debía, le indicaron, solicitar por Internet una cita formal. Sin embargo, en la página web habilitada a tal efecto se llega sistemáticamente a la misma advertencia: no hay disponibles. Desde el Cuerpo han advertido a su letrada que ya tienen cubiertas “todas” las de septiembre, al menos casi un mes sin aparente salida.
Una de las circunstancias apreciadas por la Fiscalía en el comportamiento de la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la consejera de Presidencia de la Ciudad, Mabel Deu, para denunciarlas por un presunto delito de prevaricación continuada es que “acordaron practicar la repatriación de todos aquellos menores sin determinar previamente si alguno de ellos se hallaba en situación de vulnerabilidad en su país de origen, así como sin determinar si con ello el superior interés del menor podía verse comprometido”.
En el caso de este joven, que también preveía formular una demanda de derechos fundamentales, la situación de su hermana como solicitante de asilo con petición admitida a trámite en Sevilla podía haber dado la alarma sobre su posible vulnerabilidad en casa.
Él no figura en la lista de más de 280 nombres cuya situación revisaron individualmente las oenegés incorporadas por la Ciudad al dispositivo de acogida montado tras la crisis de mayo, pero en el listado de efectivamente expulsados hay cuatro entonces niños que sí habían sido observados como “víctimas de abusos y amenazas en su país de origen”.
En idéntica situación estaban otros cuatro que se beneficiaron de las medidas cautelares judiciales dictadas a las 72 horas de iniciadas las repatriaciones exprés, pero el listado de 145 confeccionado recogía a más de una veintena con idéntica advertencia de vulnerabilidad, como carentes de redes de apoyo en Marruecos o por ser menores de 14 años, según el sumario.

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