Se debe recordar que este expediente sancionador se abrió como consecuencia de lo que se consideró un incumplimiento porque a 31 de julio del presente año se cumplió el plazo de seis meses que tenía la concesionaria para contar en nuestra ciudad con todos los medios técnicos que exigía el pliego de condiciones. Un mes antes de que se cumpliera el plazo de medio año para contar con todo el material en nuestra ciudad, la misma empresa se dirigió por escrito a la Ciudad Autónoma para que se le concediera una moratoria de un trimestre para cumplir con lo establecido en el contrato, alegando una serie de circunstancias especiales.
De todas maneras, cuando a finales de julio se cumplió el período que marcaba la relación contractual entre las dos partes desde la Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos se decidió la apertura del correspondiente expediente. Como es lógico, en primer lugar, hubo un informe por escrito que evacuó la misma Consejería de Medio Ambiente que es la encargada de la vigilancia y control del cumplimiento del contrato. Una vez que el mismo estuvo terminado y fue analizado por el departamento de Contratación de la Ciudad Autónoma, entonces se devolvió a Medio Ambiente para que fuera este departamento autonómico el encargado de establecer si debería existir o no sanción, una vez que igualmente también se escuchó a la otra parte.
El mismo consejero de Hacienda, Emilio Carreira, cuando el pasado viernes fue preguntado sobre la polémica que estaba existiendo ahora mismo entre la Consejería de Medio Ambiente y el comité de empresa de Trace sobre el tema de la utilización de los empleados de Obimace para la realización de determinados trabajos, también incidió en que estaba pendiente de que por parte del citado departamento se evacuara el correspondiente informe definitivo, indicando si existía o no sanción, porque al final el órgano que tiene esa potestad es, precisamente, el de Contratación.
Todavía quedan 12 por llegar
Fuentes de la Ciudad Autónoma han señalando a esta redacción que, incluso a pesar de que se hubiera tenido en cuenta esa moratoria de tres meses que solicitó la empresa y que tocó a su final el treinta y uno de octubre, todavía a día de hoy quedan doce vehículos por traer desde la Península, con lo cual se está incumpliendo el contrato. De todas maneras, la resolución que firmará el consejero de Medio Ambiente, García Castañeda, será enviada a la Consejería de Hacienda en los próximos días.
