El encuentro de ayer entre el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría, transcurrió en el marco de normalidad y cordialidad que desde Ceuta se mantiene como línea prioritaria en sus reuniones con la Administración central. No obstante, lo trascendente de esta cita fueron los acuerdos alcanzados por las dos instituciones para mejorar la oferta educativa pública.
Las propuestas que llevaba Vivas en su agenda eran previsibles, ya que las había anunciado con anterioridad en la Conferencia de Presidentes de hace apenas un mes en Barcelona. Y por parte del ministerio, el compromiso expresado fue que por fin se desatasca uno de los proyectos pendientes, como es el nuevo centro educativo previsto en la parcela del Brull. Se trata de una infraestructura para la que ya hay un proyecto y cuyas obras podrán arrancar, según el cronograma del Gobierno central, a primeros de 2026.
Otro paso adelante a destacar es la reactivación del Foro de la Educación, como herramienta para que Ceuta pueda formar parte del Consejo Escolar del Estado, una aspiración justa de la ciudad y que de forma incomprensible todavía no está resuelta.
Ceuta necesita reforzar su sistema de formación profesional, que cada día tiene más demanda entre los jóvenes, y consolidar proyectos como el de la enfermera escolar, del que ya no vale decir que la fase de prueba ha sido satisfactoria, sino que debe mantenerse y consolidarse como una prestación más al alumnado y a las familias.
Sin olvidar tampoco las demandas para mejorar la Educación Especial y la compensación por la aportación que desde la Ciudad se está realizando a la enseñanza, pese a ser una competencia exclusiva del Estado. Las administraciones tienen la obligación de colaborar, pero eso no puede significar eludir responsabilidades.
La buena voluntad de las dos partes tras esta reunión quedó patente. El compromiso, también. Ahora solo queda que los ceutíes vean lo antes posible que el entendimiento se traduce en realidades, tanto en el ámbito de la mejora de las infraestructuras educativas como en el de los recursos para tener una educación pública de calidad, que debe ser una de las prioridades para cualquier gobierno, independientemente de su orientación ideológica.
