El tribunal de la Sección VI de la
Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta dejó ayer visto para sentencia el juicio seguido contra un extrabajador de
Amgevicesa, despedido en 2018, y un
médico que le expidió un certificado falso para que pudiera justificar varias ausencias al trabajo entre los meses de agosto y septiembre de aquel año, cuando en verdad nunca había reconocido a este paciente. Tanto el Ministerio Fiscal como la Acusación Particular consideran probada la existencia de un delito de falsedad de certificado médico por el que pidieron penas de multa para ambos. En el caso del médico, 6 meses con una cuota diaria de 5 euros; en el caso del extrabajador de esta empresa municipal, 12 meses con una cuota diaria de 15 euros diarios (al considerarlo inductor en la realización de esa falsedad) o, de manera alternativa, una pena de 6 meses con una cuota diaria de 15 euros (si se le considera culpable del uso de documento falso). En su caso además se le pide el abono de 576 euros por el perjuicio causado a la empresa en relación a los días en los que se ausentó de su puesto laboral.
La Defensa del médico se mostró favorable a la pena solicitada por la Acusación, bien alejada de la calificación inicial en la que se pedía cárcel e inhabilitación para su patrocinado, mientras que la del extrabajador insistió en su libre absolución.
La intensa sesión de juicio oral se celebró por la mañana y por la tarde, mostrándose dos partes de esta historia muy bien diferenciadas. Por un lado el médico A.A. reconoció haber cometido una irregularidad de la que se ha arrepentido durante estos tres últimos años. Confesó haber realizado un justificante en favor del otro acusado, que es su vecino, porque le dio pena. Ese justificante le serviría para presentarlo en su trabajo como prueba de que sus hasta seis ausencias entre agosto y septiembre de 2018 se habían debido a una enfermedad. El doctor nunca le vio, pero emitió dicho certificado por “hacerle un favor”, declarando ante el tribunal que era “falso”. “Llevo tres años sufriendo con esto”, manifestó.
Confesó que el 5 de octubre de ese año su vecino le pidió ayuda porque tenía problemas en el trabajo, ya que si no podía justificar su inasistencia le echarían, algo que finalmente sucedió. El doctor no lo valoró, ni siquiera era su médico de cabecera pero actuó “por pena”, por lo que no puede verificar si realmente su vecino estaba enfermo o no, porque nunca lo vio.
"La Acusación considera probados los hechos, habiendo sido clave la manifestación de uno de los acusados al reconocer la falsedad del documento”
El extrabajador de Amgevicesa, M.D.G.V., que perdió su puesto de trabajo tras 18 años de prestación en dicha empresa, solo respondió a las preguntas de su Defensa. Y lo hizo para manifestar que sí estuvo enfermo y que si no compró medicamentos en la farmacia fue porque consumió antibióticos que tenía en su casa. Manifestó que nunca tuvo intención o ánimo de falsear y que “en ningún momento” entendió que el documento expedido por el médico “fuera falso”.
¿Por qué lo echaron de la empresa? Argumentó que ha sido una víctima de un acoso laboral claro y que la contundencia que empleó la empresa contra él no la ha tenido con otros empleados. Habrían buscado así su despido porque siendo sindicalista primero de CSIF y después de CCOO denunció la plaza que había ocupado Antonio Díaz.
Declaró como testigo el director de Ingesa, Jesús Lopera, para destacar que el documento hecho por el médico era oficial, tratándose de un informe normalizado y falso. También la responsable de la Inspección verificó que el doctor no había visitado al paciente nunca y que ni siquiera los medicamentos reflejados en el documento fueron retirados de farmacia alguna por el acusado.
El Ministerio Fiscal consideró que había quedado probada la comisión de un delito de falsedad de certificado médico, insistiendo en la confesión clara hecha por el médico. Aclaró que ver la existencia de una animadversión detrás de su despido es algo ajeno a lo que se juzgaba, ya que lo puesto de manifiesto en este caso es la existencia de una falsificación de documento y el uso del mismo para falsear una realidad.
En el mismo sentido se pronunció el letrado de la Acusación Particular, Carlos García Selva, encargado de defender los intereses de la empresa. Insistió en que se ha probado claramente que el documento médico presentado para justificar unas ausencias en el trabajo era falso, algo reconocido por el propio médico y demostrado por la investigación que posteriormente llevó a cabo la Inspección sanitaria. Es más, en ese certificado aparecen supuestos reconocimientos al paciente que no se pudieron llevar a cabo porque hay dos fechas concretas en las que el médico ni se encontraba prestando servicio en el centro de salud del Tarajal, por lo que resultaba imposible que hubiera visto allí al paciente. Insistió el letrado en que ambos acusados eran conscientes de la falsedad del documento y con el mismo el extrabajador de Amgevicesa buscó engañar a la empresa. Al igual que el Ministerio Fiscal indicó que el debate judicial se centraba en la falsedad documental y no en que hubiera alguna animadversión laboral.
El letrado defensor del médico, Abselam Abderrahaman, valoró el arrepentimiento de su cliente, algo que de hecho ha supuesto que Fiscalía considere la existencia de la atenuante de colaboración.
Por su parte, el abogado del extrabajador, Cándido Conde-Pumpido Jr., insistió en que no quedó probada la comisión del delito ni nadie ha podido verificar que su patrocinado no estuviera enfermo. Aludió a la llamada “coacción de la pena”, que se produce cuando en una calificación inicial la Fiscalía pide una “pena desproporcionada” que luego baja, lo que fuerza a que el acusado elija el “mal menos malo”. Algo que a su juicio habría pasado con el médico acusado a quien se le pedía 4 años de cárcel y 6 de inhabilitación para, al final del juicio, quedar esa petición reducida a una multa. “El cambio es tan radical que le puede llevar a reconocer unos hechos no verídicos”, denunció, tildando el juicio celebrado de “no justo”. Para este letrado se usó un documento normalizado que no es oficial para dar a los hechos una gravedad que no tienen, insistiendo en que no se produjo falsedad alguna porque no se ha verificado que su cliente mintiera.
Insistió en que su patrocinado había sufrido un mobbing laboral “como la copa de un pino” y denunció que en la petición de multa, se solicita una cuota y extensión mayores para su cliente - que se quedó sin trabajo- que para el doctor.
En cuestiones previas este letrado solicitó una recusación encubierta al considerar que el tribunal estaba contaminado para juzgar el caso por conocer de forma previa pruebas y testimonios. Habló de una “nulidad más que evidente”, pero la Sala acordó tras un receso que no había lugar a dicha petición por extemporánea, amén de significar que no se había entrado a analizar a fondo la existencia de indicios o no en anteriores pronunciamientos.
Tampoco prosperó su petición de suspensión de la vista después de que la Fiscalía cambiara su calificación, al entender la Sala que no se había producido indefensión alguna.
El juicio quedó visto para sentencia. Solo el médico hizo uso del derecho a la última palabra, insistiendo en su arrepentimiento por lo acontecido.
La sangría de las continuas bajas
Amgevicesa reconoce medio millón de euros de pérdidas por esto Si algo quedó puesto en evidencia en la vista judicial celebrada ayer es la sangría laboral que parece enquistada en Amgevicesa y que se materializa en la cantidad de bajas laborales producidas. Antonio Díaz, que llegó a ocupar la gerencia de Amgevicesa, indicó que a fecha de hoy hay 23 bajas en la empresa y seis vinculadas a vencimientos de contratos, lo que arroja un nivel de absentismo muy elevado. Si la entidad detecta estas bajas pide justificación de las mismas a los trabajadores. En el caso de marras, Díaz indicó que el acusado justificó esas ausencias con un documento falso que, de hecho, parecía estar redactado “al dictado”. Ese certificado médico resultó sospechoso, por lo que se inició una investigación para comprobar por qué el acusado presentaba tantísimas bajas y fue así como se dio con la ilegalidad que se puso en conocimiento de la justicia.
Díaz negó que hubiera existido una persecución contra el trabajador por el hecho de haber sido enlace sindical de CSIF y después de CCOO -sindicato que denunció su plaza-, cumpliéndose estrictamente con las normas. La empresa verificó que ese certificado fuera real o no, y tras comprobarse que era falso se le despidió. Hay bajas de otras personas que son motivo de sanción pero hasta la fecha no se habían encontrado con un caso de falsificación, por eso aclaró que no ha habido más despidos en otras situaciones al no ser comparables con esta.
La empresa negó que hubiera acoso al trabajador por su trayectoria sindical
Hay casos de cuantiosas bajas, tanto que según la empresa se ha sufrido medio millón de pérdidas en un año por perjuicios vinculados a ausencias de trabajadores de ahí que se haga un esfuerzo en la detección de las mismas.
El gerente de la empresa en la actualidad, José Luis Fernández Medina, recordó cómo tras requerir un informe a Ingesa sobre el certificado médico presentado la Inspección confirmó su falsedad. Aludió a que este ha sido el único caso hasta la fecha, aunque ahora está bajo investigación otro que puede terminar por la misma vía judicial y que, de verificarse, se adoptarán las mismas medidas.
El gerente recordó que en el caso de este extrabajador no hubo mobbing, destacando que no quería trabajar ni formarse. No se le despidió por su absentismo sino por el documento falso aportado.