El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha denunciado que la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda de Ceuta no ha paralizado jurídicamente el proceso selectivo para cubrir tres plazas de Experto en Medios Forestales de Obimasa.
No lo ha hecho a pesar de que dicha suspensión fue “anunciada públicamente”. Según la formación, hasta la fecha no existe un Decreto de Paralización que respalde legalmente esa decisión.
Desde el grupo municipal sostienen que esta situación mantiene vigente un procedimiento sobre el que pesan numerosas dudas y critican la falta de actuaciones administrativas que garanticen la seguridad jurídica del proceso. A su juicio, la ausencia de un decreto oficial “genera incertidumbre” tanto para los aspirantes como para la propia administración.
El MDyC considera que “la falta” de una resolución formal evidencia la necesidad de esclarecer cuanto antes la situación y adoptar las medidas necesarias para garantizar la legalidad del procedimiento selectivo.
Ante esta situación, la formación localista está elaborando un escrito para solicitar el respaldo del PSOE y Ceuta Ya!, partidos que también han denunciado públicamente el “escándalo” del proceso selectivo. El objetivo es reunir los apoyos necesarios para forzar la comparecencia en el Pleno de la Asamblea de los responsables políticos y técnicos implicados.
En concreto, el MDyC pretende que comparezcan el consejero de Medio Ambiente, Alejandro Ramírez, en calidad de presidente del Consejo de Administración de Obimasa, así como el gerente de la sociedad municipal, Fernando Ramos, en quien fue delegada la presidencia del tribunal calificador del proceso.
Los localistas entienden que ambas comparecencias son necesarias para ofrecer explicaciones públicas sobre el desarrollo del procedimiento y despejar las dudas que, aseguran, rodean a la convocatoria.
El grupo municipal afirma haber decidido dar “un paso más” ante un proceso selectivo sobre el que, aseguran, ya se ha instalado la “sombra de la sospecha”. En este sentido, sostienen que existen dudas sobre la cadena de custodia de los exámenes, que las actas del tribunal están incompletas y que el procedimiento carece de la suficiente seguridad jurídica.
Asimismo, el MDyC advierte de que esta situación está provocando un grave perjuicio a los opositores, al mantenerse un proceso cuya transparencia y legalidad, según denuncian, han sido puestas en entredicho.
La formación insiste en que todas estas circunstancias hacen imprescindible una aclaración pública por parte de los responsables del proceso y la adopción de las medidas oportunas para garantizar la confianza en la selección.
Desde el MDyC reivindican el cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad, mérito, capacidad y seguridad jurídica en el acceso a la administración pública, al considerar que deben regir cualquier proceso selectivo.
La formación concluye que el Ejecutivo local “no debería pasar por alto ningún proceso selectivo bajo la sombra de la sospecha”, insistiendo en la necesidad de preservar la confianza ciudadana y la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público.
El portavoz de Ceuta Ya! ha denunciado públicamente que el Gobierno local sigue sin entregar el expediente completo del proceso tras doce días de espera, calificando la situación de "vergüenza".
Mustafa ha puesto el foco en la figura de Fernando Ramos, gerente de Obimasa y presidente del tribunal de las oposiciones, señalando su estrecha vinculación con el Partido Popular como un factor determinante en el desarrollo del proceso. Según la formación autonomista, la falta de transparencia informativa obstaculiza la labor de fiscalización de la oposición en Ceuta.
Ante la gravedad de los hechos, Ceuta Ya! ha exigido la paralización del proceso selectivo, advirtiendo que, de no producirse, trasladarán el caso a los juzgados.
El secretario general de la formación recalca que la rendición de cuentas debe ser una práctica habitual, recordando que ya existen precedentes de exigencias similares por otros casos de gestión pública. La formación asegura que existen motivos de sobra para someter a los consejeros del Gobierno a un control riguroso y constante para garantizar la integridad de las instituciones municipales.
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