El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha pedido al Gobierno de Ceuta va a proceder a reconocer extrajudicialmente las deudas que mantiene con la entidad estatal de Correos por los servicios que ha prestado en el año 2019. MDyC no critica esta acción sino la diferencia de criterio aplicada por la institución municipal ya que otros proveedores del Ayuntamiento deben acudir a los juzgados para cobrar los servicios u obras que han realizado, “lo que les provoca en muchos casos unas pérdidas que les conducen al cierre o a no presentarse a nuevos concursos de la administración local por no poder afrontar la financiación de sus gastos ante la falta de pago del desgobierno”, indica en una nota de prensa.
Es la segunda vez que el Ejecutivo realiza un reconocimiento extrajudicial de deudas en este año, “a pesar de que las instrucciones que en su momento dio el alcalde fue la de que el que quisiera cobrar se fuera a los juzgados. Una medida que, al final, nos cuesta a la gente de Ceuta varios millones en intereses y costas que debemos pagar por la nefasta gestión de este ejecutivo del Partido Popular, al que poco o nada le importa el dinero público y el uso que se le da”, añade.
Tal y como expone MDyC, es una cuestión que la propia memoria del reconocimiento reconoce cuando explica que no se ha llevado a cabo un nuevo expediente de contratación de estos servicios de notificación debido “única y exclusivamente a un error por falta de previsión; derivado de una manifiesta falta de organización. La nefasta gestión que realiza el Ejecutivo local acabamos pagándola toda la gente de Ceuta, ya sea a través de las sentencias condenatorias o perdiendo puestos de trabajo al tener que cerrar las empresas a las que la administración local no paga”.
Desde el MDyC exigen al Gobierno que implante un procedimiento para que los servicios y obras que se han ejecutado ya sea por continuidad sin prórroga, por exigencias de la administración o por cualquier otra causa puedan cobrarse por este reconocimiento extrajudicial, teniendo en cuenta los motivos tasados para ello, facilitando a estas empresas el camino al abono de sus deudas y reduciendo el coste en los juzgados que tiene el Ayuntamiento. “Además resulta esencial, que deje de lado el agravio comparativo entre unas empresas o entidades y otras, cuestión que es inexplicable y arbitraria”.
