MDyC exige en una nota de prensa que la Ciudad Autónoma continúe insistiendo ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que remita el informe necesario para la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana.
Señala que el mismo desde el mes de septiembre lleva solicitando el Ayuntamiento su realización. Un informe que es necesario para realizar la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Para el MDyC, “la aprobación del PGOU es imprescindible para poner las bases del nuevo modelo de desarrollo económico, pero en infinidad de ocasiones la actitud del ejecutivo local hace que las decisiones importantes para que Ceuta tengan futuro se pospongan ad infinitum sin lograr un nuevo modelo económico para nuestra ciudad”.
Comenta en la nota de prensa que “en septiembre nos enterábamos que la CHG había presentado alegaciones al nuevo PGOU, al no existir el informe sobre inundaciones, algo que desde el MDyC no comprendemos puesto que el documento se aprobó inicialmente en agosto de 2014 y desde entonces lleva dando vueltas sin ser capaz ninguno de los irresponsables que ha pasado por Fomento de aprobarlo para su envío a Madrid y su aprobación definitiva, pues recordemos que nuestro Ayuntamiento no tiene competencia para dar el visto bueno definitivo al documento y que debe ser ratificado por el Gobierno de España”.
Insisten que “no queremos ni pensar que el retraso en la realización del informe se deba a una supuesta presión de la CHG para que se la perdone las cantidades que por Impuestos sobre Bienes Inmuebles debe a la ciudad, que cada año no solo se lo comunica, sino que se le reitera la cantidad que debe de cada uno de los años anteriores que no ha pagado y que es toda una década. Así que instamos a la CHG que además de cumplir como un buen contribuyente, acelere la realización del Informe que nos permita pasar a la siguiente fase de aprobación del PGOU”.
Para el MDyC es absolutamente necesario que se apruebe el PGOU de forma inmediata para permitir que la economía tenga al menos una seguridad jurídica sobre el planeamiento urbanístico y los empresarios y las empresarias puedan tomar sus decisiones.
