El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) “insta” a la Delegación del Gobierno de España en Ceuta a que solicite al Ministerio de Hacienda el aplazamiento de los pagos y autoliquidaciones de los impuestos que siguen siendo gestionados por el Gobierno Central. En un comunicado emitido este lunes, la formación señala que los impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, entre otros, que dependen de la Administración Central, aún no se han sometido a dicho aplazamiento por parte del Ejecutivo.
“Para el MDyC, el que la gestión de estos impuestos esté centralizada no significa que los ceutíes no tengan que ser tenidos en cuenta a la hora de retrasar el pago de los tributos. Todas las Comunidades Autónomas han procedido, a través de sus distintos gobiernos regionales, a aplazar el pago y la presentación de las liquidaciones de estos tributos hasta la finalización del Estado de Alarma”, señala el partido.
El MDyC reprocha a que “ni el Gobierno de España, ni el Ayuntamiento de Ceuta, ni por supuesto la Delegación del Gobierno han pensado en este aplazamiento” que provoca una “discriminación” a los ceutíes, “haciéndonos diferentes al resto de los españoles”, y por ello insta a la Delegación a que tome las medidas para que los impuestos que gestiona directamente la Delegación de Hacienda en Ceuta tengamos las mismas condiciones que el resto de los españoles.
Tras el Consejo de Ministros del pasado martes 14 de abril, el Gobierno anunció una serie de medidas en el ámbito fiscal, dirigidas a alinear las bases imponibles de los impuestos a la situación actual, lo que permitirá liberar más de 1.100 millones de euros de liquidez a empresas, especialmente autónomos y pymes.
Con este objetivo, los trabajadores autónomos podrán realizar el cálculo de los pagos fraccionados del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el ingreso a cuenta del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido con el método de estimación objetiva, lo que permitirá, durante el periodo afectado por el estado de alarma, ajustar el pago a los ingresos reales.
Asimismo, se establece una reducción en el pago fraccionado del IRPF y del IVA, pudiéndose descontar en cada trimestre los días en que ha habido estado de alarma. Las empresas podrán también adaptar las liquidaciones de los ingresos a cuenta en función de los beneficios reales trimestrales y se establece la posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias a la obtención de la financiación a través de la Línea de Avales.
Finalmente, se reduce al cero por ciento el IVA aplicable al suministro de material sanitario a entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios, en línea con la reducción de aranceles de la Unión Europea y así garantizar la igualdad de trato y el suministro rápido y efectivo, con un ahorro de más de 1.000 millones de euros. Se reduce también el IVA de los libros, revistas y periódicos electrónicos para alinearlo con el aplicable a los de papel.
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