Durante la sesión del control del Pleno de este jueves, la portavoz del Grupo Movimiento por la
Dignidad y Ciudadanía de Ceuta (MDyC), Fatima Hamed, ha pedido explicaciones sobre un acuerdo que se aprobó en noviembre de 2021 sobre el acceso a la salud bucodental a la población en riesgo de exclusión.
En su momento, la propuesta del MDyC contó con el apoyo de la mayoría de los diputados y la Consejería de Sanidad se comprometió a estudiar la viabilidad de realizar un proyecto de estudio e incluso un convenio con el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Ceuta. Hamed ha criticado que no se lleven a cabo las propuestas que se aprueban, recordando que se trata de un convenio para mejorar el acceso a servicios a los que de otra forma podrían tener acceso estas personas porque no forman parte de lo que contempla el sistema público. Se trata de tratamientos no asequibles al no estar cubiertos por la Seguridad Social. La portavoz del Grupo MDyC también ha querido dejar claro que la población vulnerable, cuyo porcentaje alcanza el 40%, no se refiere únicamente a aquellos que carecen de ingresos, sino también a quienes sus ingresos limitados le impiden poder costear alguno de estos tratamientos. Alberto Gaitán, consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, ha ratificado que el compromiso era estudiar la situación y la viabilidad económica. Al respecto ha dicho que la
Consejería de Asuntos Sociales está trabajando en su incorporación en el Reglamento de Prestaciones Básicas, pero que el proceso todavía no culmina. En respuesta, Hamed ha señalado que no se ha hecho nada al respecto desde noviembre de 2021 y que “la pelota se ha pasado de un tejado a otro”, al referirse a que ahora la respuesta depende de Servicios Sociales. Una situación que ha aprovechado para exigir que se revisen las interpelaciones, argumentando que el porcentaje de cumplimiento de las propuestas que se llevan a Pleno es mínimo. Por último, Gaitán ha insistido en que lo que se aprobó a finales del año pasado no fue la implantación de la propuesta sino el estudio de la misma, recalcando además
que no corresponde a Sanidad incorporarlo en el Reglamento de Prestaciones Básicas, sino a la Consejería de Asuntos Sociales.