Categorías: Política

MDyC aboga por un Plan de Atención que colme las peticiones de los discapacitados

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha incorporado a su programa electoral una lista de propuestas que tratan de responder a su “compromiso por el bienestar de los vecinos con discapacidad” y al desarrollo de “nuevas y eficientes medidas y servicios de una forma coordinada e integral a las necesidades de las personas con discapacidad”.

Partiendo de esa premisa, el partido que lidera Fatima Hamed aboga por crear un Plan de Atención a las Demandas de las Personas con Discapacidad que dependería de forma directa de la Consejería de Bienestar y Asuntos Sociales, pero con un área concreta y exclusiva. Y es que MDyC tacha de “totalmente desatinado que la firma de convenios, subvenciones o la intervención relacionadas con la discapacidad o simplemente con la temática social conlleven tantas nefastas desigualdades”, una gestión que a su juicio se pierde en “trabas y burocracias”. Ese Plan contemplaría, por ejemplo, la definición de las prestaciones y los servicios que la Ciudad contempla para atender al colectivo. Entre ellos, ejecutar un protocolo de conexión interadministrativo entre el Centro de Servicios Sociales y el Servicio de Ayuda a Domicilio con el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad y el Imserso, ganando así en agilidad y favoreciendo las sinergias. El partido reclama que se emitan informes continuos de evaluación que permitan medir la situación real de las demandas de accesibilidad de la ciudad, pero también articular alternativas viables y reales que erradiquen las barreras arquitectónicas que impiden la accesibilidad plena de las personas con discapacidad. En tono crítico, la formación que aspira a entrar en la Asamblea en su debut electoral censura lo que considera “ineptitud” de un Gobierno local que, a su juicio, está “despreocupado por el bienestar de su ciudadanía”. no debe de repercutir negativamente en la inclusión de la misma", por lo que entiende que "es ilógico que los agentes públicos no dispongan ni estén debidamente comunicados con los principales y respectivos organismos de representación de las personas con discapacidad, de manera fluida y activa".

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