La Sección VI de la
Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha reservado prácticamente todo el mes de octubre y algunos días de noviembre de 2024 para la celebración de uno de los
juicios más importantes de los celebrados hasta la fecha en nuestra ciudad
por blanqueo de capitales.
En el banquillo se sentarán casi 30 acusados pero, salvo sorpresas, no se conseguirá que entre ellos esté el presunto líder de la organización y uno de sus hermanos ya que ambos se encuentran en busca y captura,
presumiblemente escondidos en Marruecos.
El máximo órgano judicial en nuestra ciudad afrontará una de las vistas más complejas con declaraciones no solo de los acusados -entre los que se encuentra
una agente de la Policía Local de Ceuta y miembros de la
misma familia- sino también de los autores de la investigación que fue coordinada por la
Guardia Civil.
Cuatro años se cumplen desde que la Benemérita ejecutara la primera fase de la operación en 2019 para desmantelar una organización dedicada al
blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Hubo registros y detenciones tanto en la ciudad autónoma como en puntos del sur peninsular. Los agentes se adentraron en casas, chalés además de inmuebles ubicados en el Campo de Gibraltar.
Este operativo se enmarcó en las actuaciones que llevaron a cabo los componentes del OCON-SUR con apoyo del Grupo de Acción Rápida -GAR- amén de efectivos de Policía Judicial e Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta.
En 2019 se producen las primeras detenciones que siguieron después
Las penas que en su calificación inicial solicita el Ministerio Fiscal se elevan a hasta 14 años de cárcel por delitos de blanqueo y organización criminal para las personas que sitúa en la cúpula.
A ojos del Ministerio Público se había constituido toda una empresa criminal dedicada al blanqueo del dinero procedente del tráfico de drogas contando con la participación de miembros de la misma familia.
Las detenciones se llevaron a cabo en dos fases operativas distintas, pero en ninguna de ellas se pudo dar con el presunto cabecilla y uno de sus hermanos que llevan todo este tiempo -4 años- escondidos presuntamente en el vecino país, sin haber atendido los requerimientos judiciales.
De acuerdo con el planteamiento que hace la Fiscalía, sostenido en las investigaciones dirigidas por la Guardia Civil, entre los acusados figuran los supuestos responsables de esos delitos para los que pide la mayor pena. En esa pirámide va situando los distintos escalafones según los roles que se les atribuyen.
Las investigaciones coordinadas por el OCON-SUR (Órgano de Coordinación de las Operaciones contra el Narcotráfico en el Sur de España) en 2018 llevaron a constatar la existencia de una organización que, con la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito, realizó labores oportunas para la compraventa, transporte y posterior distribución y comercialización de una gran cantidad de hachís por la zona del campo de Gibraltar y Ceuta.
La Audiencia ha reservado jornadas de todo un mes ante la cantidad de acusados
Los acusados se relacionaban entre sí y se informaban acerca de la existencia de la mercancía y precio y se concretaban las fechas y circunstancias en las que se llevaría a cabo la operación de compraventa y transporte de la sustancia estupefaciente. Ese negocio ilícito supuso la base del posterior blanqueo de los bienes obtenidos.
En el marco de las investigaciones desarrolladas por el Instituto Armado se ‘marcó’ al presunto cabecilla de este entramado en el que sus integrantes, a pesar de carecer de ingresos suficientes procedentes de actividad laboral, profesional o empresarial lícita, obtuvieron elevados y pingües beneficios patrimoniales ilícitos y manejaron grandes cantidades de efectivo con los que pudieron adquirir un alto número de bienes inmuebles, vehículos a motor y motocicletas, embarcaciones, sociedades mercantiles y hasta ganadería con caballos de pura raza española.
Las investigaciones dieron con una estructura que se sostenía prácticamente en miembros de la misma familia
Muchos de ellos eran miembros de la misma unidad familiar, hicieron inversiones y obras de mejora en inmuebles para ocultar a través de la adquisición de dichos activos patrimoniales las ganancias obtenidas con las actividades de narcotráfico. Según la investigación de la Benemérita, la organización se servía de sus cónyuges, parejas de hecho y familiares más directos, quienes conocían el origen ilícito de dichos activos a los que se daba apariencia de lícita procedencia sirviendo incluso para su titularidad.
La Fiscalía considera en su escrito de acusación inicial que el cabecilla fugado llegó a simular el divorcio de su pareja, policía local, con el ánimo de ocultar el origen ilícito de los bienes adquiridos y ponerlos a salvo de las posibles responsabilidades penales en las que pudiera incurrir por sus actividades delictivas.
De esta manera traspasaba a su mujer la mayor parte de los bienes y en realidad esa relación de afectividad se mantenía en plena convivencia después de esa disolución del matrimonio.
La Audiencia ha dispuesto todos los medios para la celebración de esta macro-vista.
Un nivel de vida que no cuadraba con las ganancias
Los investigadores llegan a hablar de ganancias de origen narcodelictivo, debido a que entre los acusados figuran personas que no tenían un oficio legalmente reconocido que aportara el nivel económico que podían estilar públicamente.
En las indagaciones llevadas a cabo pudieron comprobar detalles como la cantidad de dinero encontrada en viviendas particulares de personas que no tenían un nivel para disponer de esos montantes o el hecho de que en una casa se encontraran hasta 67 relojes, algunos de conocidas marcas de lujo, así como varios teléfonos móviles.
En otro caso una menor de edad llegó a titularizar una ganadería formada por 65 caballos de pura raza. La acusada no tenía recursos para esa compra pero a su nombre figuraban esas propiedades.
Otro de los acusados no solo no podía demostrar el origen del dinero sino que además figuraba como moroso, deudor de la Tesorería de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria. No obstante era capaz de conducir un coche de 31.000 euros y disponer a su nombre de una moto de gran cilindrada.