La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, ha declarado este miércoles durante dos horas ante la titular del
Juzgado de Instrucción número 2 en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación continuada. Lo ha hecho por la devolución en agosto del año pasado
de 55 menores marroquíes no acompañados que habían accedido a la ciudad en mayo sin ceñirse a los procedimientos prescritos en la Ley de Extranjería, sino ejecutando un pacto entre Madrid y Rabat. La delegada no ha respondido a las preguntas de la acusación particular y sí a las de la jueza, el Ministerio Público y su propia defensa. En sus contestaciones ha introducido una novedad relevante con respecto a lo que dijo en diciembre a la Fiscalía: los ministerios que acordaron
con Marruecos la repatriación de niños no sabían cómo se iba a hacer al detalle, la forma en que se materializó.
Si Deu ha pedido que se llame a declarar, entre otros altos cargos del Ejecutivo de Sánchez, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Mateos ha puesto un cortafuegos: la decisión de la forma de devolución no fue de Madrid, que de hecho “rogó” en un escrito sin firma iniciarla de inmediato, pero respetando en todo momento el interés superior de los menores.
Mateos ha llegado al Palacio de Justicia acompañada de sus asesores y del jefe de gabinete
Mateos ha llegado al Palacio de Justicia a las cinco de la tarde acompañada de sus asesores y del jefe de gabinete. Su equipo ha querido mostrar así el apoyo que le presta. A su llegada ha manifestado a los periodistas que está deseando acabar con este tema, que consideró "una injusticia". La delegada,
a la que se habían concedido dos aplazamientos de su testifical por razones médicas, ya había pasado por los Juzgados en diciembre del año pasado para, entonces en el marco de la investigación abierta por la Fiscalía a instancias de la asociación L’Escola A. C., dar su versión sobre en qué se basó para expulsar durante cuatro días a más de medio centenar de niños migrantes sin compañía apelando al Acuerdo firmado en 2007 entre España y Marruecos.
Asesorada por la Abogacía del Estado, la delegada ha reiterado, como en su primera declaración, que la Delegación y la Ciudad se movieron de acuerdo con distintos ministerios como los de Interior, Justicia o Exteriores, así como con el gabinete del presidente Sánchez, en busca de una solución urgente más allá de la derivación de 200 tutelados a otras regiones para paliar la situación de emergencia generada en Ceuta con la permanencia tras la crisis de mayo de más de mil menores foráneos solos. Según Mateos, los contactos establecidos con Marruecos llevaron a que este país aceptara por primera vez activar el Acuerdo de 2007 y se comprometiese a hacerse cargo de los niños a través de una entidad gubernamental [L’Entraide Nationale] antes de devolverlos a sus familias. Ella misma contactó en agosto con autoridades regionales del país vecino a las que dio absoluta credibilidad sobre sus intenciones y “entendía” que “una oenegé” había analizado la “vulnerabilidad” de los chicos, por lo que consideraba cumplidos “todos los requisitos”.
Afirmó que “nadie” le manifestó su desacuerdo con el protocolo que se iba a aplicar
En diciembre la delegada aseguró que “no le consta” que los menores se negaran a ser expulsados y que, al contrario, Deu le había transmitido que “estaban muy contentos” por salir de Ceuta, algo que se contradice con los informes de SAMU. También afirmó que “nadie” le manifestó su desacuerdo con el protocolo que se iba a aplicar al margen de la legislación, algo que vio justificado en una situación “excepcional” y mirando por el “bienestar” de los jóvenes.
La delegada también señaló que al término de la reunión en la frontera con representantes de Marruecos en la que
la jefa del Área de Menores, Toñi Palomo, reiteró sus reparos legales nadie se los transmitió, sino que al contrario le dieron “todas las garantías” de que no se patinaría, como hasta ahora han entendido todas las instancias judiciales de lo Contencioso-Administrativo que se han pronunciado, tanto en primera instancia como el TSJA. Mateos tiene atribuidas las competencias para ejecutar cualquier repatriación de menores extranjeros no acompañados de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Extranjería, que se obvió, y Deu, responsable de Menores entonces, podría haberlo evitado, por lo que también figura como investigada por el mismo supuesto delito que se persigue. Las diligencias abiertas podrían acabar determinando, según las fuentes consultadas, si además de ambas otros responsables de la administración a niveles superiores acabarían imputados como cooperadores necesarios.