La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha presidido en Alcalá de Henares (Madrid) la reunión de coordinación con los delegados y delegadas del Gobierno en las comunidades y ciudades autónomas. En este encuentro ha estado presente la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos.
Entre los asuntos abordados destacan un informe sobre la recuperación económica y los fondos europeos y el plan estratégico para la mejora de los servicios que presta la Administración General del Estado (AGE) en el territorio.
Los delegados y delegadas del Gobierno han sido informados sobre la situación económica hoy, que pasa por la recuperación y que cuenta con financiación de los fondos europeos, que ya está recibiendo nuestro país.
El Ministerio de Política Territorial concretamente gestionará 392 millones de euros entre 2021 y 2023, para proyectos municipales. De este presupuesto, 92,7 millones de euros se destinarán este año para los municipios con más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. En 2022 y 2023, las ayudas se destinarán a todos los municipios.
La intervención de las Delegaciones del Gobierno en la evaluación de los proyectos es importante, como lo es en la aprobación de gastos por catástrofes naturales, que gestiona el Ministerio de Política Territorial, para la reparación de bienes municipales dañados por temporales. Las Delegaciones del Gobierno verifican los daños producidos en los distintos municipios y en las infraestructuras provinciales, que reciben subvenciones para su reparación.
El Plan Estratégico Integral para la mejora de los servicios que presta la Administración General del Estado en el territorio, aprobado por el Ministerio de Política Territorial en 2020, tiene como objetivo prioritario mejorar la calidad de los servicios que presta la AGE en cada territorio.
El Plan consta de 40 medidas en torno a cinco ejes de actuación: Coordinación, Recursos humanos y organizativos, Digitalización, Imagen y Planes específicos.
Las Delegaciones del Gobierno, además de garantizar la presencia de la AGE en el territorio, constituyen un elemento cohesionador e integrador para garantizar la unidad de acción del Gobierno en todo el país y el derecho de los ciudadanos a recibir unos servicios públicos en condiciones de igualdad. La transformación digital ofrece oportunidades para mejorar los servicios públicos y su adaptación a las necesidades de la ciudadanía y afrontar la despoblación.
Asimismo, se refuerza la imagen de la AGE en el territorio. La racionalización de los recursos humanos y organizativos irá acompañada de medidas dirigidas a reforzar la imagen que se proyecta al ciudadano y a mejorar la accesibilidad a los servicios que se prestan. La AGE, además, debe ejercer un papel ejemplarizante en la transición energética del sector público contribuyendo a una economía climáticamente neutra, lo que repercutirá en un mayor ahorro económico y en el uso más racional de los recursos públicos.
Y habrá planes específicos en los servicios más importantes en el territorio, como Inspección Sanitaria en Frontera y Oficinas de Extranjería, especialmente sensibles tanto por la materia que abordan como por el volumen de trabajo que desarrollan. Y en otros ámbitos también, como en las Unidades de Violencia de Género, Centros de Vacunación Internacional, Unidades de Sanciones y Laboratorios de Análisis de Drogas.
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