La
delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, ha reconocido este lunes que
las autoridades marroquíes no han remitido a España ni los informes que se comprometieron en agosto a elaborar sobre el retorno efectivo con sus familias de los 55 menores migrantes solos que fueron devueltos aplicando el acuerdo bilateral de 2007 ni los que se le han pedido sobre el resto de los llegados a la ciudad en mayo para valorar su posible repatriación aplicando el Reglamento de Extranjería, como exigió la Justicia tras suspender el primer procedimiento. La titular de la institución de la Plaza de los Reyes ha recordado que el
Reino alauita “nunca” responde a requerimientos administrativos cursados desde la ciudad autónoma, que considera “ocupada”, pero ha indicado que “se está trabajando” desde el Gobierno de España para que lo haga. En ese sentido, Mateos ha dicho que actualmente no hay ninguna queja sobre su colaboración en materia de control de la presión migratoria y ha puesto como ejemplo sobresaliente de dicha cooperación el “despliegue” de las Fuerzas de Seguridad del país vecino en Navidad para evitar “un intento de entrada de más de mil personas”. “En agosto los dos países se pusieron de acuerdo para activar el acuerdo bilateral de 2007 refrendado en 2013 que nunca se había puesto en marcha: teníamos garantías de que los
niños serían entregados a sus padres y aún así yo me puse en contacto con el Consultado de Tetuán, con el jefe de Gabinete de Rincón y con la entidad marroquí que se iba a hacer cargo de los menores [L'Entraide Nationale]”, ha repasado la delegada los pasos dados para ejecutar el “retorno asistido” de menores que se paralizó por orden judicial en apenas 72 horas. “Eso es lo que le expliqué a la Fiscalía a mediados de diciembre”, ha señalado sobre su declaración en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa que el Ministerio Público todavía no ha decidido si convertirá en denuncia judicial o si archivará las diligencias abiertas, pendientes ahora de las testificales de los cargos políticos de la Delegación (suspendidas el viernes pasado) y la Consejería de Presidencia (previstas para esta semana). “A la Delegación y a la Ciudad nos pareció que era el momento de poner en marcha ese acuerdo y que teníamos garantías para hacerlo: Marruecos quedó en que nos iban a mandar escritos dejando claro que los retornados están con sus padres, pero no lo ha hecho, como tampoco ha pedido a las más de 700 solicitudes de informes que se le han pedido desde la Oficina de Extranjería”, ha añadido Mateos, que ha reforzado con 12 funcionarios esa unidad para intentar agilizar la posible incoación de expedientes de repatriación que Rabat bloquea de hecho al no aportar los dictámenes que exige la legislación española para poder dar curso a ese tipo de expedientes.