Matar al mensajero

González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, solicita al Tribunal Supremo que registren los teléfonos móviles de periodistas. Esta es la noticia. Pero la causa y lo verdaderamente esencial es que "lo que está sobre la mesa es la acusación contra la pareja de Ayuso, que ha reconocido haber cometido dos delitos de fraude fiscal". Como expresa la periodista Silvia Intxaurrondo, en el programa la Hora de la 1, “no deja de resultar curioso –por no decir sospechoso– cómo este caso, que debería estar centrado en la confesión de fraude fiscal, haya virado hacia una discusión sobre si hubo o no una filtración desde la Fiscalía General del Estado”.

No es la primera vez que esto ocurre en el ámbito de la justicia. Tampoco será la última. Recuerdo un caso, que en su día tuvo cierta repercusión mediática, a propósito de los supuestos malos tratos que se daban a los menores recluidos en un Centro de internamiento de Ceuta. Algún tiempo atrás, el famoso Juez Calatayud había impartido una magistral conferencia en esta ciudad, en el marco de unas jornadas sobre inserción laboral. Cuando se refirió a los menores recluidos en estos centros nos dijo algo que a algunos nos dejó helado el corazón, que relaté en un artículo titulado “El llanto de un niño”.

Estaba acabando el año 2007 y el magistrado dijo lo que sigue: “…En estos centros se recluye a los más peligrosos. Violadores, asesinos, ladrones, maltratadores. La dureza de la vida en los mismos está fuera de toda duda. Su férrea disciplina, el régimen de trabajo, de estudio, de terapias, de salidas. Todo está enfocado a conseguir que el delincuente se dé cuenta de su error, a que pague por lo que hizo y, fundamentalmente, a que se le aplique un tratamiento adecuado para poder ser insertado, o reinsertado, según los casos. A las diez de la noche las puertas se cierran. Las luces se apagan. Y en el silencio del sueño no se oyen voces, ni risas. Sólo se oyen 'llantos de niño'. Porque esos delincuentes son niños. Violadores, asesinos, ladrones o maltratadores, pero sobre todo niños, que casi siempre arrastran algún problema familiar grave. Niños necesitados de ayuda para poder ser insertados en la sociedad…”.

Unos años después, al sindicato Comisiones Obreras de Ceuta llegaron unas terribles denuncias de que en el Centro de internamiento de la ciudad se llevaban a cabo unas supuestas prácticas de maltrato inhumano a estos niños. Lo que hicimos desde la asesoría jurídica fue trasladar estas denuncias al juzgado correspondiente para que se investigaran. Sin embargo, desde dicho juzgado hubo también un intento de que los letrados informáramos de cómo se habían obtenido estas denuncias, pues alguien consideraba que las mismas se habían elaborado manipulando a algunos de los denunciantes. En ese contexto se imputó a uno de los letrados, al que se le conminó a que revelase las fuentes y el origen de dichas denuncias. El letrado se negó, amparándose en su derecho, a la vez que deber, de secreto profesional. Nunca entendimos el sentido de esta imputación, que finalmente quedó en nada, porque ninguna conducta reprochable se había producido. Pero fueron meses de cierta incertidumbre y preocupación. Sobre todo por no entender por qué se consideraba tan importante matar al mensajero, antes que investigar los graves hechos denunciados.

“Matar al mensajero” es una frase metafórica que se refiere al acto de culpar a una persona que trae malas noticias en vez de al autor de las mismas. Es lo que pretende el asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, MAR, que en su afán por volver a la Moncloa (nunca asumió que lo echara Aznar), está llevando a cabo una auténtica cruzada contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su familia, además de contra el Fiscal General del Estado, por haber desmentido el bulo lanzado por MAR, que además culpaba a la fiscalía de prácticas irregulares y de conductas que no se habían llevado a cabo. Ni la fiscalía propuso pacto alguno al novio de Ayuso, ni se echaron atrás por orden de nadie. Por cierto, esta denuncia falsa de MAR a una importante institución del Estado también debería investigarse.

El psicólogo social Dacher Keltner ha demostrado con sus experimentos que cuanto más poder acumula una persona, más propensa es a actuar de manera egoísta e ignorar las consecuencias de sus acciones sobre los demás (“Poder y Progreso” de Darón Acemoglu y Simon Johnson). Pero también se demuestra que en el mundo moderno, el poder de persuasión es la fuente más importante de poder social, que tiende a convencer al que ejerce ese poder de que tiene razón, volviéndose menos sensible a los deseos, los intereses y las dificultades de los demás.

Esto podría aplicársele al siniestro asesor de la presidenta de Madrid, MAR, que no ha dudado en persuadir a dos bufones útiles, la fascista y patriota Ayuso, y a su novio González Amador, de que, pese a que ha confesado haber cometido dos importantes fraudes a la Hacienda Pública, los demás son los culpables. El hecho de tener un formidable “poder de persuasión” para cambiar el foco del relato, no le va a redimir a González Amador del cumplimiento de la pena que se le imponga, como tampoco a Ayuso de pasar la vergüenza de vivir en el piso que su novio ha comprado, presuntamente, con el dinero defraudado.

Ni Pedro Sánchez se va a ir del Gobierno, hasta que lo decidamos los españoles y españolas; ni Feijóo va a dejar de ser presidente del Partido Popular, hasta que los que mandan de verdad en el mismo no tengan seguro que Ayuso y su asesor MAR son descartados de la carrera hacia la Moncloa.

En fin, confiemos en que, como nos dicen D. Acemoglu y S. Johnson, la ciudadanía sepa prestar su apoyo a discursos alternativos, construya instituciones más inclusivas y refuerce otras fuentes de poder social que contrarresten la trampa.

¡Feliz Año 2025!