La consejera de Hacienda del Ejecutivo local de Ceuta, Kissy Chandiramani, va a proponer estimar parcialmente una de las alegaciones presentadas por el MDyC a la última modificación de la Ordenanza del IPSI aprobada por el Pleno a finales de enero. Con su incorporación se atribuirá “carácter indefinido” a la vigencia del cambio del tipo de gravamen que afecta a las producción, elaboración e importación de mascarillas quirúrgicas desechables, que pasarán a tributar al 0,5%.
El mismo gravamen se aplicará, pero sólo mientras dure la pandemia, a los “bienes muebles corporales que, por su clasificación en la nomenclatura combinada aduanera no resulten gravados con el tipo mínimo del Impuesto y cuyos destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o Centros Hospitalarios, o entidades privadas de carácter social”.
Los técnicos de la Dirección de Tributos del OAST dan por seguro que las mascarillas EPI se beneficiarán también de ese mismo tratamiento fiscal por estar incluidas dentro de los materiales recogidos en ese apartado.
Las mascarillas se han convertido en un producto muy presente en nuestro día a día desde que la pandemia comenzaba el pasado año. Su uso comenzó a frecuentarse a raíz del virus que tanto ha marcado nuestras vidas, así como se promovieron otras medidas a las que la población estaba poco habituada (geles hidroalcohólicos, distancia de seguridad, aforo limitado en determinados espacios interiores y exteriores...). No obstante, a día de hoy forma parte de nuestra rutina y su obligatoriedad, determinada por las recomendaciones que expertos y técnicos lanzaban sobre su efectividad frente al virus, viene siendo una realidad desde tiempo atrás. Con la llegada del periodo estival, la incógnita sobre cuál será el uso que habrá que hacer de los tapabocas en las playas volvía recientemente a la actualidad, siendo un punto de debate también en los Consejos Interterritoriales de Salud Pública.
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