Ciudad y Delegación del Gobierno se ponían las pilas esta semana para afrontar una problemática reconocida, vieja en el tiempo, pero a la que nunca se le ha querido meter mano. La permisividad ha sido la tónica dominante ante un fenómeno que crece en el mismo sentido: el auge de las construcciones ilegales y la marroquinización que está desdibujando la esencia de barriadas emblemáticas.
Ahora, con los datos en la mano, se busca la manera de evitar que el problema vaya a más, que las infraviviendas y habitáculos que se construyeron sin permiso no terminen siendo lugar de residencia de marroquíes que consiguen así un empadronamiento con el que pueden optar a múltiples beneficios. El problema estriba en el descubrimiento de que en una sola vivienda se han empadronado decenas de personas. La fórmula mágica que quiere aplicar desde ya la Delegación y la Ciudad se basa en la imposición de más sanciones y en la disposición de una mayor vigilancia. ¿Cómo puede permitirse que varios decretos de derribo de viviendas hayan dormido el sueño de los justos durante años? Esto es lo que ha pasado, que Fomento y Gobernación han estado años (desde tiempos de Fernández Cucurull como responsable de la primera de las áreas) pasándose las pelotas de un tejado a otro sin que existiera una determinación para acabar con estas construcciones. ¿Y Delegación? Seguía pensando en otras historias mientras crecían los empadronamientos de extranjeros y llegaban informes de los servicios de información alertando de la situación.
Ahora anuncian que se actuara de inmediato nada más se detecte una vivienda en construcción. Pero el hecho es que ya son varias las que están asomando sin que la Policía Local haya girado visita por la zona, entre ellas el emblemático camino de Ronda. Las sanciones por indisciplina urbanística aumentarán buscando que no se quede únicamente en ese quince por ciento del valor global de la obra realizada (como sucede ahora), sino subirlo hasta unos extremos que sean verdaderamente lesivos para los intereses de los infractores que comienzan una obra de estas características. Se buscará además que el Ministerio de Fomento apoye estas medidas adecuando la normativa sancionadora a estos intereses.
