El martes, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega –una de las principales voces de Unió Democràtica (el partido coaligado con la CDC de Artur Mas) en el Gobierno catalán– declaró de forma bastante taxativa que la famosa consulta sólo podría hacerse de acuerdo con la legalidad y que si ello no era posible, habría que aplazarla. Las palabras de Ortega –hasta el momento la democristiana
con más sintonía con Artur Mas– seguían a otras del conseller de Política Territorial Santi Vila (sector pragmático de CDC) y de Joan Rigol (figura de referencia de la democracia cristiana que no siempre se alinea con Duran i Lleida) en el mismo sentido: la consulta sólo podría celebrarse si fuera legal.
Pero al venir nada menos que de la vicepresidenta, la advertencia de Ortega provocó un incendio inmediato en el bloque (o no bloque) de los partidos comprometidos con la consulta. El tono lo dio el diputado Joan Tardà, que siempre expresa bien los sentimientos profundos de las bases de ERC, al afirmar que parecía que el Gobierno de CiU estaba dispuesto a suicidarse al jugarse tanto el apoyo parlamentario de ERC (con lo que quedaría en minoría) como el de las de las organizaciones independentistas ‘de masas’ como la ANC y Òmnium Cultural. Y todos los diarios del día siguiente abrían con la nueva crisis entre CiU –que guardó un llamativo silencio tras las declaraciones de Ortega– y ERC. Pero ayer mismo Artur Mas salió a escena para echar agua al incendio en el independentismo asegurando que la consulta será legal porque el Parlament aprobará la ley de consultas no referendarias en septiembre, y que él convocará la consulta.
Para Mas el único plan es votar, y ocultó lo que haría si la ley fuera impugnada y la consulta quedara suspendida por el Constitucional. Vino a decir que eso son especulaciones veraniegas y que no hay que perder el norte, la fe en la consulta.
Artur Mas dio algún tipo de aval a su vicepresidenta (del partido de Duran) para que dijera que la consulta se debería aplazar si el Constitucional la suspendía, pero luego salió él mismo a echar agua en el incendio independentista asegurando que 'el único plan es votar'. En realidad –como declaró otro conseller, Pelegrí (que además es secretario general de Unió)– es impensable que Ortega dijera lo que dijo sin algún visto bueno de Mas, que ni por un momento la censuró o desautorizó. Mas ha prometido la consulta y la va a convocar legalmente de acuerdo con la ley de consultas no referendarias.
Luego Mas tendrá que reconducir las cosas para –misión imposible– no hacer la consulta ilegal que sabe que Rajoy no tolerará, con el menor daño para CDC. Y entre este ‘menor daño’ ocupa un lugar preponderante que su partido ‘digiera’ la no consulta.
Para el sector más independentista y que ocupa los cargos de dirección (Rull) la prioridad es no separarse de ERC y de la ANC, pero otros saben que poner las urnas es imposible (Santi Vila lo ha dicho y el conseller de Justicia, Germà Gordó, que es clave, guarda un silencio total). Por su parte Unió ve la consulta ilegal como imposible y motivo de inmediata ruptura (con lo que Mas también se quedaría sin mayoría parlamentaria).
