El anuncio hecho por el delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, de instar a la Fiscalía General del Estado a modificar la instrucción existente sobre los MENA esconde la auténtica llave a la problemática que tiene encima de la mesa la Ciudad. Las estadísticas son claras a la hora de entender qué supondría una modificación de dicha instrucción, para que se permitiera retornar a Marruecos a aquellos menores que tienen 16 o más años.
En la actualidad de los más de 140 menores que tiene tutelados la Ciudad, más del 70% está encuadrado en esa franja de edad. Se trata de marroquíes que estarán al menos dos años -hasta los 18- en centros que dependen de la administración y que, en muchos casos, no van a tener un ‘talante’ integrador como el que tiene un niño de más corta edad. En esa franja de edad se encontrarían también aquellos MENA a los que González Pérez relacionaba con algunos delitos, tras recibir informes de las fuerzas de seguridad. Se trata de menores que permanecen más tiempo en la calle y que incluso cometen los delitos -en su gran mayoría robos- no sólo contra cualquier ciudadano al que aborden en su camino sino también contra sus propios compañeros del centro ‘La Esperanza’ que son más pequeños y a los que acostumbran a quitar sus pertenencias cuando se encuentran fuera de la casa del Hacho.
Si lo pretendido por el delegado del Gobierno encuentra la receptividad oportuna en Madrid, se estaría ante la posibilidad legal de poder trasladar a Marruecos a un grueso importante de estos MENA, al entenderse que se trata de ciudadanos emancipados de sus padres y que, por tanto, no deben estar atendidos con recursos públicos destinados a la acogida de niños en desamparo. Así es como se funcionaba hasta 2003, periodo en el que se modificó la instrucción de la Fiscalía General. De conseguirse este cambio las estadísticas darían un vuelco, ya que se pasaría de los 140 MENA que están acogidos en la actualidad a no más de 50.
