La colaboración con Marruecos de la que tanto hacen gala autoridades españolas y marroquíes, especialmente cuando se habla de seguridad ciudadana, yihadismo o control de los flujos migratorios, no funciona tan bien cuando nos referimos a otros ámbitos. Esto es, por ejemplo, lo que ocurre en el judicial.
En casos importantes, como las muertes de los inmigrantes el 6 de febrero del pasado año en las inmediaciones de la playa del Tarajal, no se puede arrojar más luz porque es necesaria la cooperación de las autoridades judiciales de Marruecos. Hasta en dos ocasiones, según recoge la memoria de la Fiscalía, se han solicitado comisiones rogatorias y se han tramitado sin encontrar respuesta al otro lado. La poca efectividad de esas comisiones es uno de los asuntos que más preocupan a los fiscales de Ceuta, que exponen como ejemplo de ello la investigación en torno al 6F, cuando se pidieron las autopsias de los cadáveres que quedaron en aguas marroquíes y de los que nunca más se obtuvo alguna información. La consecuencia inmediata de esta situación es que cuando la comisión rogatoria no llega, lo que suele pasar en la mayoría de las ocasiones, las causa se archiva, a pesar de que puedan quedar cabos sueltos. De esta circunstancia y de la importancia que tiene esa colaboración en el plano judicial también se ha dado cuenta a la Fiscalía General del Estado por la función mediadora que pudiera hacer. Es por ello que cuando se habla de cooperación política y policial con Marruecos, cuando se dan ruedas de prensa entre los ministros de los dos países siempre se debe tener en cuenta que no es todo tan fácil en el resto de ámbitos. Y el judicial es también decisivo.
