El preso que el pasado mes de septiembre se declaró en huelga de hambre en el centro de Los Rosales por la demora en la celebración de su juicio, fue condenado ayer por el Juzgado de lo Penal 2 de nuestra ciudad por el delito de tráfico de drogas por el que venía siendo acusado. Tras reconocer los hechos, pues fue interceptado por la Guardia Civil en el puerto de Ceuta con algo más de 20 kilos de hachís, fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión y al pago de una multa de 31.393 euros, que de no abonarse añadirá tres días más de cárcel.
Dado que el joven N. E-B., de 33 años de edad, ya ha cumplido gran parte de la condena, saldrá en libertad con el tercer grado. Igualmente el juez dio al procesado y a su abogado defensor el plazo de un mes para acreditar el arraigo en nuestro país -cuenta con residencia legal y familia en España- y evitar la expulsión a Marruecos, pues es nacional del país vecino.
Los hechos ocurrieron el 6 de septiembre de 2014 a las 20:30 horas cuando N. E-B. se disponía a embarcar en el buque con destino a Algeciras. En el control de embarque de vehículos que realiza la Guardia Civil, el joven fue detenido después de que los agentes de la Benemérita hallaran más de 20 kilos de hachís ocultos en el interior del depósito de combustible.
Desde entonces ha permanecido en prisión provisional en el Centro Penitenciario, sosteniendo en todo momento su inocencia. Había dicho que desconocía que el coche que conducía llevaba oculta la droga. Versión que defendió, al menos, hasta la mañana de ayer cuando reconoció que sí conocía la existencia del estupefaciente en el vehículo con el que pretendía llegar a la península.
No obstante, la demora en la celebración del juicio que se ha visto suspendido en dos ocasiones, la última el pasado mes de agosto, llevó a N. E-B. a tomar la decisión de declararse en huelga de hambre, que mantuvo durante varias semanas. En ese periodo había perdido más de quince kilos y sólo ingería agua, lo que le llevó al área de Enfermería del centro de Los Rosales, como ya publicó El Faro.
Mientras tanto en septiembre la Audiencia Provincial celebró la vista para la revisión de la prisión provisional del joven de 33 años, solicitada por su abogado defensor. Entre los argumentos, el letrado consideraba que la medida de prisión provisional podía ser sustituida por otras medidas de control puesto que el procesado tiene residencia legal en la península.
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