El Gobierno de
Marruecos ha reanudado los vuelos de deportación de
inmigrantes subsaharianos en situación irregular hacia al menos tres países: Senegal, Mali y Guinea Conakry, incluidas organizaciones de ayuda a los emigrantes. Estos vuelos (son cinco hasta ahora) han sido organizados desde finales de septiembre, secretamente y en colaboración con las embajadas de esos países en Marruecos, que han ayudado en las tareas de identificación de sus respectivos ciudadanos, pero se han hecho de espaldas a las organizaciones de la ONU, por lo que no pueden ser considerados "vuelos de repatriación" al no ser voluntarios. Los inmigrantes han sido detenidos principalmente en las ciudades saharauis de El Aaiún y Dajla, donde actualmente se concentran la mayoría de subsaharianos en tránsito, a la espera de poder embarcarse en un cayuco hacia las Islas Canarias. Tras ser sometidos a tests PCR para descartar el
coronavirus (los que dan positivo no viajan), los inmigrantes, a los que se les equipa con ropa nueva, han sido enviados (a veces vía Casablanca) a las tres capitales respectivas: Dakar (a donde han partido dos vuelos), Bamako (otros dos) y Conakry (uno). Las fuentes contactadas, que han tenido acceso a testimonios directos de algunos afectados,pues en esta ocasión se permitió a los afectados conservar sus teléfonos, no supieron precisar cuántas personas en total han sido deportadas en estos aviones fletados específicamente para estas operaciones. Fuentes de la Red Mediterránea de Derechos Humanos dijeron que en un vuelo a Conakry, que estuvo asistido por representantes del consulado guineano hasta el último momento, viajaban 75 guineanos, entre los que se encontraban al menos dos menores de edad no acompañados. Por su parte, la organización Alarm Phone denunció que 144 senegaleses fueron deportados en vuelo a Dakar por el mismo procedimiento. No hubo ninguna clase de supervisión de un organismo independiente, nacional o internacional, en ninguno de los vuelos; tampoco el gobierno marroquí ha ofrecido información al respecto ni quiso responder a las preguntas de Efe.
Una política migratoria de dos velocidades
En 2018 el gobierno marroquí emprendió una campaña similar de deportaciones que oficialmente afectó a unas 1.800 personas, pero la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) elevó entonces esta cifra hasta los 6.500 afectados. También entonces las embajadas de los países afectados fueron "asociadas" a las operaciones de expulsión, que el gobierno presentó entonces como traslados voluntarios, lo que fue desmentido por la Organización Internacional de Migraciones. En los últimos seis años, Marruecos ha emprendido dos operaciones masivas de regularización de emigrantes (en 2014 y 2017) que permitieron legalizar la situación de unas 50.000 personas. Sin embargo, y según ha sabido Efe, un buen número de esos inmigrantes regularizados, que tuvieron documentos válidos durante tres años, han caído de nuevo en la ilegalidad al carecer de dos documentos esenciales para renovar sus permisos: un contrato de trabajo más un contrato de alquiler. No hay, por el momento, ningún indicio de que Marruecos vaya a proceder a una tercera operación de regularización, pero el país sigue atrayendo a las redes de tráfico de personas por su cercanía a Europa. Las principales organizaciones de asistencia a los emigrantes en Marruecos han convocado la próxima semana un encuentro para tratar específicamente la situación de la población emigrante en El Aaiún y Dajla, las dos mayores ciudades saharauis, donde la ausencia de periodistas independientes y la escasa presencia de ONGs hacen muy difícil conocer de primera mano la situación de los inmigrantes.