Marruecos

El Gobierno de Marruecos pospone la legalización de ciertos usos del cannabís

El proyecto, que debía quedar aprobado este jueves, recoge su uso limitado con fines terapéuticos e industriales, y en general había sido bien recibido, a excepción de algunas voces dentro del PJD

El consejo de gobierno de Marruecos pospuso este jueves sine die el estudio del proyecto para legalizar parcialmente el cannabís, un proyecto que ya fue presentado la pasada semana en Rabat y que teóricamente debía quedar aprobado este jueves.

El ministro portavoz del Gobierno, Said Amzazi, se limitó a declarar en una comparecencia semanal ante la prensa que el examen del proyecto se aplaza "a una fecha posterior", sin precisar las razones del aplazamiento.

El proyecto recoge la legalización limitada del cannabís para usos terapéuticos e industriales, y en general había sido bien recibido, a excepción de algunas voces dentro del Partido Justicia y Desarrollo (PJD, islamista). Varios medios adelantaron algunas líneas principales, como el hecho de que está totalmente excluido el "uso recreativo" de la planta y que los usos legales se limitarán a los estrictamente médicos.

La legalización del cannabis es histórica toda vez que Marruecos, que es el principal productor mundial de esta planta, según los listados anuales de la UNODC (organismo de la ONU contra la droga y el delito), ha mantenido desde su independencia una política de prohibición estricta del cultivo, transformación y consumo de esta planta.

Monopolio de una agencia comercializadora y campesinos en cooperativas

El proyecto del gobierno contempla la creación de una Agencia Nacional que monopolizará la comercialización del cannabís, mientras que los campesinos con permiso para cultivarlo deberán organizarse en cooperativas.

En Marruecos hay un mínimo de 47.000 hectáreas dedicadas al cultivo de esta planta, principalmente en torno a las montañas del Rif, aunque esta cifra data ya de hace diez años y no ha sido actualizada.

La nueva ley permitirá solo de forma limitada que emerjan a la legalidad algunos de los cultivadores, que se calcula son 90.000 familias que viven principalmente del cultivo de la planta y su posterior tratamiento y transformación en hachís.

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