Las crecientes protestas de Rabat ante España alientan una tensión lesiva entre ambos vecinos. La frontera de Ceuta y, más aún, la de Melilla son una auténtica pesadilla para los millones de personas que las atraviesan al año. Los excesos policiales, debidos en parte a las aglomeraciones veraniegas, no son infrecuentes. Y pese a la buena relación que España y Marruecos mantienen desde 2004, ambos Gobiernos han sido incapaces de convertirlas en pasos fluidos y normales.
Desde mediados de julio, Rabat ha descubierto de golpe esa ingrata situación. Su Ministerio de Exteriores ha emitido cinco comunicados, el último ayer mismo, en tono incendiario, denunciando el “racismo” de las fuerzas de seguridad españolas y, en especial de la Guardia Civil, hacia los subsaharianos. El embajador de España en Rabat fue convocado además por el titular de Exteriores marroquí. Y desde el viernes se han desarrollado cuatro concentraciones ante la embajada y dos consulados de España, a la vez que ONG oficialistas y partidos políticos multiplican las declaraciones críticas con el vecino del norte.
No deja de ser llamativo que los irregulares subsaharianos en Marruecos, vilipendiados y expulsados con frecuencia y de noche a Argelia, encabecen ahora manifestaciones de protesta contra España. Y que por primera vez los medios de comunicación públicos marroquíes se hagan eco de las reivindicaciones de ese colectivo inmigrante. Desde el Gobierno español se ha reaccionado con la máxima cautela, intentado evitar echar más leña al fuego. Asuntos Exteriores replicó a los dos primeros comunicados marroquíes, pero guardó silencio ante los dos siguientes.
La actitud de Rabat sorprende y desconcierta a la diplomacia española, que sospecha y teme que las denuncias del supuesto maltrato fronterizo encubran otras reivindicaciones de mayor calado. La prensa independiente que queda en Marruecos avala esa hipótesis: “Hay una voluntad de las autoridades marroquíes de reconsiderar la relación bilateral”, editorializaba ayer el diario Akhbar al Youm. A nadie le escapa, además, que en un país tan jerarquizado, decisiones de estas características solo pueden emanar del rey, Mohamed VI, aunque después las ejecute el Gobierno.
Marruecos y España tienen mucho de qué hablar. Dignificar las fronteras terrestres, obtener para Ceuta una aduana comercial, alcanzar un acuerdo sobre delimitación de aguas, dar contenido al llamado estatuto avanzado que la UE otorgó a Rabat en 2008 son algunas de las tareas pendientes. Nunca, desde la independencia de Marruecos, hubo en Madrid un Gobierno tan sensible a los intereses de su vecino del sur como el actual. España es, después de Francia, el segundo socio económico y político de Rabat. Acoge a 760.000 inmigrantes marroquíes a los que se añaden dos millones que transitan de vacaciones por su territorio. No es aceptable ni responsable entre países socios y amigos una acción calculada como la que está protagonizando Rabat, atizando movilizaciones en la calle, en nombre de oscuras reclamaciones que ni siquiera han sido formuladas.
