Es la línea imprevisible. Hoy sí, mañana no. Marruecos acepta a su manera las devoluciones de sus nacionales que han llegado a Ceuta sobre todo bordeando los espigones, la vía que ha terminado por sustituir a las tradicionales llegadas en embarcaciones.
Las buenas relaciones entre países se aprecian únicamente en los compromisos políticos que de cara a la galería ofrecen los distintos gobiernos. A pie de frontera se cumplen mejor que hace años, pero con sus resacas particulares.
Esta semana ha tocado adoptar el modo de la ‘no’ colaboración. Y así, no se han aceptado a los marroquíes llegados a la ciudad que estaban siendo entregados por las fuerzas de seguridad españolas a pie de frontera.
En dos días ha habido alrededor de 50 entradas, la mitad de menores de edad. Los adultos, en aplicación del protocolo de devolución, se iban a poner a disposición del vecino país. No aceptaron a ninguno, ni a los adultos ni a los que, diciendo ser menores, no lo eran en apariencia física.
Lo que ha ocurrido en estos días llama más la atención al producirse en un momento de repunte debido a las malas condiciones meteorológicas, pero esa colaboración a pie de frontera se resiente en otras ocasiones sin que haya una respuesta oficial motivada.
Así ocurre hasta el punto de ser más factible una devolución vía Península que a través de la aduana de Ceuta.
De la hilera de menores que han sido trasladados al centro de ‘La Esperanza’, tras la realización de las pruebas se ha evidenciado que algunos de ellos no lo eran, confirmándose su edad superior a los 18 años.
No obstante Ceuta ha optado por declarar una emergencia migratoria por las últimas llegadas, tal y como informó Europa Press.
Así, optó por activar la declaración de un plan de contingencia de emergencia para solicitar ayuda del Ministerio de Infancia y Juventud y el resto de comunidades autónomas con el objetivo de derivar a la Península a parte de los más de 180 menores extranjeros no acompañados que ya albergan sus centros de acogida.
Fuentes gubernamentales advirtieron que la presión migratoria infanto-juvenil procedente de Marruecos “desborda las capacidades de la ciudad”, que según el acuerdo alcanzado en 2022 no debería tutelar a más de 88 menores foráneos sin compañía en una coyuntura idónea y en ningún caso a más de 132.
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