Distintas vicisitudes han ido retrasando la declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta de la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta Primera del Gobierno local, Mabel Deu, como investigadas por un presunto delito de prevaricación continuada en la devolución a
Marruecos en agosto del año pasado de 55
niños migrantes solos al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería. Iba a ser en julio, se fijó para el 1 de septiembre y al final ha quedado para el 7. El destripe de lo que presumiblemente dirán entonces se encuentra en
las diligencias instruidas por la Fiscalía antes de denunciar a ambas por la vía penal, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso El Faro. Ya está escrito. En diciembre las dos políticas ya pasaron por el Juzgado, entonces llamadas por el Ministerio Público. Allí expusieron su defensa de lo que se hizo: aplicar un acuerdo de 2007 de
“retorno asistido” entre el Gobierno de España y el de Marruecos que habían solicitado alcanzar a la vista de lo excepcional de la situación generada en Ceuta tras la crisis de mayo, cuando habían accedido irregularmente a la ciudad unas 12.000 personas irregularmente, entre ellas cerca de 1.500 menores sin compañía.
Esa posición ya se ha llevado varias collejas judiciales en primera y segunda instancia por la vía de lo contencioso, aunque las dos administraciones han decidido llegar hasta el Supremo. La última, la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sancionó que el carácter “súbito y masivo e ilegal” de la avalancha migratoria “en absoluto autorizaba al Reino de España excusar su sometimiento al imperio de la Ley”.
Las repatriaciones al margen de la legalidad comenzaron el 13 de agosto y se frenaron en menos de 100 horas, cuando se dictaron las primeras medidas judiciales cautelares ordenando su suspensión. La Ciudad y la Delegación acordaron entonces hacerlas extensivas a todos los niños que iban a ser puestos de patitas en Marruecos de 15 en 15, un total de 145. Según Mateos, al jefe de Gabinete de Rincón esa decisión le “indignó” porque “todo estaba preparado con sus padres esperando”. Paradójicamente, las autoridades del país vecino no consintieron que los cuatro niños y progenitores que habían contactado la Ciudad porque deseaban reencontrarse lo hiciesen ante los funcionarios de Menores que debían velar por el procedimiento hasta el final. Llamaron miles a Ceuta , pero solo para confirmar que sus pequeños estaban bien. En Martil, donde está el centro público desde el que se iba a coordinar su reagrupación familiar, los chicos que han regresado a la ciudad han dicho que solo pasaron unas horas y que se los llevaron hasta tíos, en algunos casos para acabar en la calle de nuevo “avergonzados” por el fracaso de su aventura migratoria. La delegada detalló a la Fiscalía que para poner en marcha aquellas “devoluciones” habló con ciento y la madre del Ejecutivo de Sánchez: desde el ministro del Interior hasta la entonces vicepresidenta Carmen Calvo pasando por el Ministerio de Justicia y hasta el exjefe de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo. De acuerdo con su testifical, cuando Marruecos aceptó a petición del Gobierno español, movido a su vez por el de Ceuta, activar un acuerdo que jamás había querido implementar, la Secretaría de Estado de Seguridad se lo comunicó “por escrito”, aunque sin firma. Ese detalle no se le pasó por alto al secretario general de la Delegación, Ismael Kasrou, ya que “no es habitual” semejante proceder, pero “no pidieron ningún tipo de aclaración”. No se “dudó” del origen. Adelante.
“Al entrar mil y pico niños hay que tomar soluciones”, argumentó Mateos, que opina que sí se tuvo en cuenta “lo mejor para los niños, que es que estén con sus padres”, una interpretación generalista del interés superior del menor que contrasta con el trato “individualizado” que supuestamente hay que dar a cada uno. “Se veló por el bien del menor, lo importante era la entrega a la familia y sabía que estaba garantizada”, dijo Mateos, que tenía “la palabra” de su contacto en Rincón, con el que hablaba asiduamente “salvo en aquellas fechas”, las de la crisis migratoria, de que así sería. Tanto que incluso estaría “personalmente” en la frontera para asegurarse, aunque solo de 15 en 15 al día “para poder devolverlos a sus padres con menor estancia en Martil”. La delegada dice que “nadie” le planteó que el procedimiento de devolución “pudiera ser contrario a la ley” y que la entrega de los menores “la hizo la vicepresidenta Primera de la Ciudad”, aunque ella “entendía” que ya se había escrutado su vulnerabilidad. “La decisión de promover el acuerdo con Marruecos es del Gobierno de Madrid y aquí se decide cómo ejecutarlo”, resumió antes de puntualizar invitada por la abogada del Estado que “la Policía Nacional y la Delegación no participaron en los traslados”. La delegada no estuvo en la reunión que “promovió” en la frontera con las autoridades marroquíes donde Yamal Dris ejerció de traductor y la jefa de Menores, Antonia Palomo, “hizo alusión a la Ley de Extranjería y no se mostró conforme con el procedimiento de repatriación” elegido, reparos a los que se hizo caso omiso. La consejera de Presidencia consideró que aquellas “dudas jurídicas” no eran “trascendentes”. El siguiente paso “fue proceder al retorno de los menores de más edad que no se encontraban en situación de vulnerabilidad”, trabajo que el director general de Asuntos Generales, Francisco Pérez Hita, reconoció también ante la Fiscalía haber ejecutado. Según su relato, los chicos estaban encantados con ser repatriados (“manifestaban su voluntad de volver con las autoridades marroquíes, que estaban hartos de estar en Ceuta"), la versión que le llegó a Mateos, aunque a Kasrou sí le consta que hubo “oposición” de algunos. Deu, que hasta recuerda “aplausos” de despedida, indicó a la Fiscalía que no tuvo acceso a los expedientes de los menores “ni habiéndolos pedido”, pero que no duda de que se les hicieron “entrevistas individualizadas”. Se eligió echar primero a los acogidos en Santa Amelia “porque las condiciones en que se encontraban no eran las adecuadas”.
“Eran identificados en la frontera por las autoridades marroquíes, se les entrevistaba y los llevaban a un centro cercano; localizaban a los familiares y en caso contrario los ingresaban”, dijo la vicepresidenta que se organizó todo. Para el TSJA, por ejemplo, la actuación material de las dos administraciones, “exenta de las mínimas garantías procedimentales exigibles, conjuró una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o moral de los menores afectados por las medidas de devolución”. “El acuerdo consistía”, explicó la vicepresidenta, “en que una vez que los menores se reagrupasen con sus familias se pondría en conocimiento de las autoridades españolas, mandando la documentación correspondiente, y si alguna no reunía las condiciones sería la entidad [L’Entraide Nationale] la que los protegería”. Nada más lejos de la realidad. Según Deu, solo tuvo “conocimiento a través de El Faro de Ceuta de “la reagrupación de algunos menores con sus familiares”. La delegada también lo corrobora: “No recibimos ningún tipo de documento, ni constancia documental de la entrega a sus familiares, tan solo verbal, aunque se están haciendo gestiones con Marruecos para recabar esa información… Nada por escrito, pero ya en las reuniones pusieron de manifiesto que no estaban dispuestos a entregar ningún tipo de documentación”.