Marruecos impulsa el 'Estado social' y la inversión en la Ley de Finanzas 2025

El Consejo marroquí de Ministros, presidido este viernes por el rey Mohamed VI, aprobó las orientaciones generales del proyecto de Ley de Finanzas para 2025, que se basa en la implementación del 'Estado social' y la promoción de la inversión, y busca alcanzar una tasa de crecimiento del 4,6 %.

Durante la reunión, la ministra de Economía y Finanzas, Nadia Fettah Alaui, que presentó las líneas generales del proyecto, destacó que su preparación se da en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y crisis climáticas, informó un comunicado del Gabinete Real.

Sin embargo, la ministra precisó que, a pesar de estas circunstancias, Marruecos ha logrado mantener la sostenibilidad de sus equilibrios macroeconómicos, con una tasa de crecimiento prevista del 3,3 % en 2024.

Fettah Alaui explicó que el proyecto de Ley de Finanzas 2025, que se someterá a votación en el Parlamento y busca también limitar la inflación al 2 %, se articula en torno a cuatro prioridades principales.

Entre ellas, está la implementación del 'Estado social' a través de la aplicación de la protección social generalizada, la finalización del proyecto de ayuda social directa, la reforma de los sistemas de salud y de educación, el apoyo al diálogo social con los sindicatos y la reconstrucción de zonas afectadas por desastres naturales.

Un total de seis provincias del sur de Marruecos fueron sacudidas en septiembre de 2023 por un terremoto que causó casi 3.000 muertos y la destrucción de 55.000 casas, además de grandes daños en infraestructuras públicas.

El pasado mes de septiembre, varias zonas del país, sobre todo en las regiones sureñas, fueron afectadas por fuertes lluvias que generaron inundaciones, causaron daños materiales y la muerte de al menos 28 personas.

Implementar políticas de creación de empleo

Fettah Alaui explicó que la nueva ley pretende implementar políticas de creación de empleo mediante el estímulo de la inversión privada y el apoyo a la inversión pública, especialmente en sectores con alto impacto en el mercado laboral.

Asimismo, la realización de reformas estructurales del sistema de Justicia, la implementación de la regionalización avanzada, la reforma de establecimientos y empresas públicas, y la reforma fiscal.

Se añade a estas prioridades, la consolidación de la sostenibilidad de las finanzas públicas a través de medidas para asegurar el equilibrio financiero, la reducción del déficit presupuestario y la creación de márgenes financieros para enfrentar riesgos futuros.

La ministra subrayó que estas orientaciones buscan maximizar los beneficios de las estrategias de desarrollo del país y lograr un crecimiento económico sustancial, con una tasa de crecimiento del 4,6 % en 2025 y una inflación limitada al 2 %.