La Policía Nacional ha desarticulado dos organizaciones criminales interconectadas dedicadas al tráfico de migrantes entre Marruecos y las Islas Canarias. Los líderes de las organizaciones son los presuntos responsables de la llegada de 204 migrantes marroquíes en seis pateras a las costas de Lanzarote (5) y Fuerteventura (1).
Los ocho arrestos se han llevado a cabo en la localidad canaria de las provincias de Las Palmas (4), Murcia (2), Cádiz (1) y Vizcaya (1), todos ellos por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. Tres de los arrestados permanecen en prisión provisional.
Los investigadores pudieron averiguar que la red criminal cobraba a cada migrante una media de 3.000 euros, si bien en un principio solicitaban el pago de 4.000 euros y si no tenían suficientes migrantes para que la patera fuera al completo de su capacidad, bajaban el precio a 2.500 euros. Con el número de pateras y migrantes trasladados conocidos por los agentes, se ha estimado un beneficio para la organización de más de 600.000 euros.
Tras varias pesquisas y diligencias realizadas por la Policía Nacional se ha conseguido esclarecer la existencia de dos organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes marroquíes, perfectamente estructuradas y conectadas entre sí que operaban desde el litoral marroquí hasta las Islas Canarias.
Las indagaciones de los agentes permitieron determinar tanto el modus operandi de las organizaciones como los roles desempeñados por sus integrantes, quiénes eran los líderes, las rutas empleadas, puntos de salida y cantidades que se les cobraba a los migrantes por llevarles en patera hasta España. De este modo, se pudo averiguar que los líderes de las organizaciones eran responsables de la llegada de seis pateras a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, a las que habían trasladado a 204 inmigrantes marroquíes.
La red criminal cobraba a cada migrante una media de 3.000 euros por lo que se estima un beneficio para la organización de unos 612.000 euros.
Una vez que los agentes reunieron todas las pruebas, para desarticular las organizaciones se diseñó un dispositivo en varias provincias en el que participaron casi 100 agentes de policía, efectuándose tres entradas y registros en los domicilios de los líderes de las organizaciones, en concreto en Sotogrande (Cádiz), Lorquí (Murcia) y Lanzarote (Las Palmas), durante los que se intervinieron numerosos dispositivos de almacenamiento de información así como documentación relativa a las transacciones económicas para costear el viaje en las pateras.
Los ocho arrestados durante la investigación fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.
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