El presidente del Consejo Económico, Social y Medioambiental (CESE) de Marruecos, Ahmed Reda Chami, alertó este miércoles de que el 23,2 % de los marroquíes (8,5 millones) aún no se benefician de la cobertura sanitaria universal puesta en marcha por el Gobierno marroquí hace tres años.
El responsable marroquí hizo este anuncio durante la presentación de un estudio del CESE sobre los logros y desafíos de la Cobertura Sanitaria Obligatoria (AMO, por sus siglas en francés), que Marruecos lanzó en 2021 para que todos sus ciudadanos tengan acceso a la atención sanitaria.
Esta cobertura busca que todos los marroquíes puedan beneficiarse de atención sanitaria en centros públicos y privados, aunque -excepto en el caso de que no tengan recursos- no se trata de una cobertura total, sino parcial, ya que los beneficiarios tienen que pagar parte del tratamiento.
Chami subrayó que, a pesar de los logros, como el aumento de las personas que tienen acceso a ella del 60 % en 2020 al 86,5 % actual, persisten varios desafíos.
Explicó que de los no beneficiarios, aproximadamente 5 millones no están registrados en el sistema sanitario, mientras que 3,5 millones están dados de alta pero no pueden beneficiarse de ninguna cobertura porque no cotizan, entre otras razones.
El responsable marroquí lamentó que los ciudadanos con recursos tienen que asumir hasta el 50 % de los gastos sanitarios, una cifra elevada, en su opinión, comparada con el 25 % recomendado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial.
Esta situación, dijo, lleva a algunos asegurados a renunciar a solicitar tratamientos básicos por razones económicas.
Chami destacó la fragilidad financiera del sistema, ya que dudó de que sea sostenible en el tiempo si se comparan los ingresos en cotizaciones con los gastos sanitarios, lo que afectará a los plazos de reembolso y al pago a proveedores de servicios de salud.
Asimismo, destacó que actualmente la mayoría de los marroquíes prefieren ser atendidos en centros sanitarios privados, debido a la debilidad del sector público, lo que aumenta exponencialmente los gastos para las arcas públicas.
Para mejorar la situación, el CESE propone en su estudio medidas como la obligatoriedad del registro en el sistema sanitario y la diversificación de las fuentes de financiación.
También recomienda aumentar el porcentaje de gasto sanitario que cubre el sistema público, especialmente para la detección temprana de enfermedades, y fortalecer la regulación de precios de los medicamentos, promoviendo la producción nacional de genéricos.
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